El caso por el crimen del cabo 2° Alejandro Ortiz, asesinado el 27 de agosto en Renca mientras estaba franco, ya no se limita a una sola investigación. La Fiscalía ECOH ordenó diligencias tras el ataque y, en ese trabajo, apareció Andrea Aguilar Carmona, identificada por ella misma como pareja de Francisco Javier Rivera Galaz, alias el Francis.
Rivera sigue prófugo. Y, de acuerdo con la nueva arista que abrió la Fiscalía, habría sido «bautizado» por el Primer Comando Capital, PCC, agrupación delictual brasileña, con el fin de encontrar refugio y mantenerse inubicable. El paradero del sujeto hoy es desconocido.
La versión policial y la declaración de Aguilar están en el centro del expediente. El teniente Carlos Mesas controló la identidad de la mujer durante los operativos en Tierra del Fuego, en Renca, luego de que Carabineros desplegara un numeroso contingente en el sector. El funcionario dejó constancia de que la mujer se molestó por la presencia policial.
Según su relato, al llegar al departamento con carabineros, Aguilar se puso a gritar y a alertar a los vecinos. Mesas también dijo haber visto que mantenía una conversación en su teléfono con un contacto guardado como «amor mío» y que había un mensaje vinculado a la eliminación de unas selfies. No obstante, en el departamento no encontraron elementos de interés.
Aguilar declaró dos veces en el OS9. La primera, el 28 de agosto, lo hizo como testigo y negó tener relación con el prófugo. Dijo que no tenía «nada que ver con las personas» que la involucraron y añadió que temía represalias contra su familia, aunque quería entregar información.
En esa declaración sostuvo que vivía allí hace unos siete u ocho años y que el 27 de agosto vio llegar a dos personas al block donde reside. Identificó a uno de ellos como Demmis Barrera, alias el Demmi, a quien señaló como el presunto autor material de los disparos que causaron la muerte de Ortiz. También afirmó que los dejó entrar a su departamento y que allí los sujetos dijeron haber matado al uniformado. En esa primera versión no mencionó a Rivera.
Pero otros testimonios contradicen esa idea de distancia. Un testigo reservado, el número 4, aseguró que Aguilar era «súper conflictiva» y que ese día habría visto la planificación de la quema de la camioneta usada para movilizarse. Ese mismo testigo indicó que el Francis bajó armas del vehículo junto a sus colegas de delito.
La segunda declaración de Aguilar, ya como imputada, fue el 29 de agosto. Allí sí mencionó a Rivera y dijo tener con él una relación de algunos meses. Relató que ese día estaba con él en el departamento cuando salió cerca de las 17.30 para «compartir con unos amigos».
También señaló que quienes llegaron a su inmueble fueron su pareja y Claudio Alejandro Valdivia, alias el Chure, y que ellos dijeron haber matado al carabinero. Añadió que salió corriendo del departamento para buscar a la polola del Chure y luego comprar «unos pitos para calmar a los cabros».
Más tarde dijo haber visto nuevamente a su pareja en los estacionamientos, donde él le comentó que quemarían la camioneta blanca en la que se movilizaban. Después de ese episodio, relató que Rivera llegó al departamento alrededor de las 2.00 y que, a la mañana siguiente, cerca de las 10.00, llegó Demis para hablar con Francisco sobre lo ocurrido.
La Fiscalía Sur investiga además la irrupción del PCC en Chile. Según quienes conocen esa agrupación, sus integrantes entregan protección a quienes son «bautizados» a cambio del pago de una suerte de membresía. Ese es el punto que ahora cruza dos causas distintas y empuja la pesquisa más allá del homicidio de un carabinero.
El dato importa más que el ruido. Si la hipótesis fiscal avanza, no solo habría una red de apoyo para un prófugo: también asoma la expansión de una lógica criminal importada, basada en protección, obediencia y refugio. Para el Estado, eso significa más dificultad operativa; para la sociedad, menos orden y menos capacidad de control territorial.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una organización ofrece amparo a cambio de pago, no solo captura a individuos; también erosiona la capacidad de las instituciones para hacer cumplir la ley. En ese sentido, el caso de Renca deja de ser un expediente aislado y pasa a ser una señal de alerta sobre el costo de permitir que esas redes echen raíces.
