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La Revolución del Parque de 1890: cuando el orden institucional sobrevivió al desborde

El alzamiento cívico-militar que forzó la renuncia de Miguel Juárez Celman reveló los límites del voluntarismo revolucionario frente a la habilidad política de quienes controlaban el aparato del Estado.
Imagen ilustrativa
Las Américasmiércoles 29 de julio de 2026

A las 8 de la mañana del 29 de julio de 1890, los combates habían cesado. En la plaza Libertad descansaban los soldados envueltos en sus mantas, entre restos de reses carneadas y cenizas humeantes. En un costado, una pila de cuerpos cubiertos por lonas aguardaba el lento peregrinar de carretas hacia el cementerio de la Chacarita. Dos días de encarnizados combates callejeros habían dejado a Buenos Aires exhausta.

El escenario central fue el Parque de Artillería, un cuartel con fábrica de armas y depósito de pólvora ubicado donde hoy se levanta el Palacio de Tribunales. Los vecinos llevaban tiempo pidiendo su traslado: no querían que el barrio volase por los aires ante el menor descuido en el polvorín. La ironía histórica es que ese mismo polvorín se convirtió en el corazón de la rebelión.

El régimen que se ganó el rechazo

Miguel Juárez Celman gobernaba desde el 12 de octubre de 1886, encuadrado en el Partido Autonomista Nacional. Su gestión acumuló desaciertos económicos y una preocupación central: disputarle el poder político a su concuñado Julio A. Roca dentro del propio partido. El manifiesto revolucionario lo describía sin rodeos: «El comercio se arruina, porque con la desmonetización del papel, el salario no basta para las primeras necesidades de la vida y se han suspendido los negocios y no se cumplen las obligaciones». La vida política, denunciaba el mismo texto, «se ha convertido en industria lucrativa».

La oposición se organizó con rapidez. El 1 de septiembre de 1889 quedó oficializada la Unión Cívica de la Juventud en el Jardín Florida. Leandro N. Alem, su figura central, sostuvo que «no hay, no puede haber buenas finanzas, donde no hay buena política». El 13 de abril de 1890, diez mil personas se congregaron en el Frontón Buenos Aires para exigir el fin del régimen, el retorno a la Constitución y el pleno ejercicio de las libertades. Se denunció la «ineptitud y desquicio gubernamental, el despilfarro e inmoralidad en la administración pública y el fraude estatal».

El plan y sus fisuras

La cúpula revolucionaria se reunía en la casa de Benjamín Buteler, entre las ocho de la noche y las dos de la mañana. El general mitrista Manuel J. Campos aceptó la dirección militar. El objetivo original de Alem —quien asumiría como presidente provisional— era sorprender a Juárez Celman en su despacho. Ese plan fue descartado, al igual que la idea de apresarlo durante la función de gala del 9 de Julio. Se optó por tomar el Parque de Artillería: desde allí, dos columnas partirían a ocupar el cuartel de policía y a enfrentar a las fuerzas leales. Esas columnas nunca salieron.

La traición llegó desde adentro. El mayor Palma, del 11° de Caballería, simulaba estar con los complotados mientras informaba al gobierno. Campos y varios jefes fueron detenidos. Roca, según la fuente, sabía lo que se venía: dejó crecer el movimiento y luego trazó una estrategia para sacar provecho de la situación.

Aun así, la presión fue suficiente para forzar la renuncia de Juárez Celman. La algarabía popular se resumió en una frase que recorrió las calles: «¡Ya se fue el burrito cordobés!». Un joven Hipólito Yrigoyen, que era de la idea de resistir hasta el final, vio cómo la revolución quedaba trunca antes de alcanzar sus objetivos más ambiciosos.

Lo que el episodio revela

Conviene mirar los incentivos. La Revolución del Parque no triunfó en términos militares ni instaló el gobierno provisional que Alem imaginaba. Triunfó, en cambio, porque el régimen había perdido toda legitimidad ante una ciudadanía asfixiada por el desorden fiscal y la corrupción administrativa. El aparato estatal sobrevivió, pero con un conductor distinto.

El dato importa más que el ruido: la combinación de despilfarro público, fraude electoral y desmonetización no requirió una derrota militar para caer. Bastó con que el costo político de sostenerse superara el costo de ceder. Esa aritmética, visible en 1890, no ha perdido vigencia.

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