Una investigación de la agencia Deutsche Welle sitúa a Oemis Romagoza Durruthy, un instructor de salsa, bachata y kizomba nacido en Camagüey, Cuba, en el centro de una red de reclutamiento para atentados en Europa. En redes sociales, el hombre se hacía llamar «Dios» y, según esa pesquisa, operaba desde Petrozavodsk, en Rusia, donde vive desde hace al menos siete años.
De acuerdo con DW, el reclutamiento de personas latinoamericanas se hacía a través de redes sociales, con ofertas laborales en grupos de Facebook y Telegram. Algunas publicaciones pedían currículum, número de teléfono y pasaporte para aplicar a una vacante; otras ofrecían empleo «como fotógrafo». En paralelo, otras propuestas buscaban personas con experiencia militar en «monitoreo, inteligencia, logística y maniobras tácticas» y ofrecían 1,500 dólares más un bono por cada misión completada.
La investigación sostiene que el objetivo principal eran personas provenientes de América Latina que ya estuvieran dentro de la Unión Europea con derecho a moverse libremente y que, al viajar, no levantaran sospechas. En ese esquema, el colombiano Luis Alfonso Murillo Diosa habría recibido una «misión especial» después de contactar a latinoamericanos que querían combatir en Ucrania. Según DW, primero le pidieron fotografiar y grabar una planta de reciclaje y un pozo de petróleo; después, debía provocar un incendio en las inmediaciones.
Las autoridades rumanas detuvieron a Murillo Diosa cuando iba camino a incendiar la planta y el pozo. En 2025 fue condenado a seis años de prisión por intento de sabotaje. DW también documentó que, durante cuatro meses en 2024, «Dios» habría ordenado incendiar otros negocios.
En República Checa, Andrés Alfonso de la Hoz de la Cruz prendió fuego a autobuses en un depósito de Praga y fue condenado a ocho años de cárcel. En Lituania, Alexeis Pecora fue identificado como presunto organizador de un ataque contra una empresa donde se almacenaba armamento para el Ejército de Ucrania. Según la misma investigación, al menos nueve reclutas fueron capturados y dos cumplen condenas de entre seis y ocho años por intento de sabotaje o terrorismo.
La Fiscalía de Lituania atribuyó públicamente esa serie de ataques al Glávnoye Razvédyvatelnoye Upravlenie, el servicio de inteligencia militar ruso, y por eso incluyó a Romagoza en una lista de personas buscadas a nivel internacional. DW intentó contactar a Romagoza Durruthy, pero no obtuvo respuesta. Las autoridades europeas intentan localizarlo y creen que podría permanecer en territorio ruso, país que no suele extraditar a sus ciudadanos.
Conviene mirar los incentivos. El dato importa más que el ruido: el uso de reclutas presuntamente desechables permite atacar objetivos en Europa sin exponer a personal propio y sin dejar rastros directos de involucramiento. Si esa arquitectura se confirma, el costo no recae solo en los países afectados, sino en la seguridad de un orden internacional que depende de instituciones capaces de detectar, perseguir y castigar estas operaciones.
También hay una lección incómoda para Europa: la libertad de movimiento, una de las bases del proyecto comunitario, se vuelve una vulnerabilidad cuando es explotada por redes clandestinas. La respuesta no puede ser retórica. Requiere inteligencia, cooperación judicial y una vigilancia más fina sobre los canales digitales que hoy sustituyen a las viejas rutas del espionaje y el sabotaje.
