El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó a mediados del mes pasado el allanamiento y la detención de once sospechosos acusados de integrar una asociación ilícita. La causa, según el fiscal, revela por primera vez en la historia argentina un vínculo entre funcionarios públicos y una red vinculada a la llamada mafia china.
El principal detenido es Jonatan Emanuel Reyes, ex jefe de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, acusado de tráfico de influencias por su vínculo con Ke Deqiang, alias «Matías», señalado como un capo mafioso que se presume muerto según rumores del submundo, aunque el propio fiscal aclaró que nunca vio su tumba ni un certificado de defunción.
Según la causa, Deqiang tenía «alquilado» a Reyes para comprar y vender habilitaciones, clausuras y permisos para la venta de alcohol. En chats incorporados al expediente, Reyes se refería al presunto capo como «gato», «pelotudo» y «gil».
Deqiang, registrado como supermercadista ante la AFIP desde 2006, se presentaba como referente de su comunidad y máximo dirigente de la supuesta Cámara de Comercio de Supermercados Chinos de La Plata, Berisso y Ensenada. Esta semana, Condomí Alcorta y la Policía Federal allanaron la sede de esa entidad en la calle 50.
El operativo, autorizado por el juez Agustín Crispo, no contó con la presencia de ningún directivo: solo se presentó un hombre que se identificó como abogado de la Cámara. La entidad, además, no exhibió papeles que acrediten su inscripción oficial, un requisito exigido previamente por el fiscal.
El allanamiento se produjo «por las malas»: antes había existido una orden de presentación voluntaria de documentación, que un miembro de la Cámara se negó a cumplir ante los investigadores. Ante esa negativa, el fiscal solicitó la medida forzosa.
Condomí Alcorta busca esclarecer «el funcionamiento de la entidad» y determinar quiénes ocuparon distintos cargos dentro de su estructura. Entre lo hallado en una sala de reuniones aparecieron, según una fuente citada en la causa, registros del organigrama de la Cámara y documentación para individualizar a los responsables de sus áreas desde 2018 hasta la actualidad.
También se incautaron copias de denuncias policiales con fotografías de amenazas escritas, documentos que mencionarían al directorio de la entidad, direcciones de locales comerciales con sus dueños, talones de pago y, lo más llamativo según la fuente, acuerdos de colaboración entre la Cámara y casas de juego.
El caso, todavía en instrucción, no arroja condenas ni pruebas definitivas contra la Cámara como institución; la Justicia investiga responsabilidades individuales dentro de una estructura cuya legalidad está, por ahora, sin acreditar.
Conviene mirar los incentivos. Lo que la causa describe —un funcionario municipal que administra habilitaciones, clausuras y permisos de alcohol como moneda de cambio— no es una anomalía aislada, sino el resultado previsible de un esquema donde el Estado local concentra un poder discrecional enorme sobre quién puede operar un comercio y quién no. Cuanto más depende un negocio de la firma de un burócrata, más rentable resulta comprar esa firma.
El dato importa más que el ruido: no hay, hasta ahora, pruebas de que la Cámara como tal haya cometido delito, y el propio fiscal reconoce que ni siquiera está confirmada la muerte del principal sospechoso. Pero la mecánica que describe el expediente —permisos que se compran y venden, sellos que valen dinero— es el terreno fértil en el que prospera la corrupción allí donde el mercado debería decidir. La historia sugiere cautela antes de dar por probada una trama mafiosa transnacional, pero también deja una lección de política pública: cada trámite que el Estado convierte en un cuello de botella es, potencialmente, un precio a pagar bajo la mesa.
