Una sala de cine llena de llanto antes de que empezara la proyección. Así arrancó el estreno de Arles, película producida por el Sistema de Medios Públicos, Inravisión, cuya existencia no obedece a una apuesta cultural sino a una sentencia: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano producirla como medida de reparación en el caso Guzmán Medina y otros vs. Colombia.
La cinta reconstruye la desaparición forzada de Arles Edison Guzmán Medina el 30 de noviembre de 2002 en la comuna 13 de Medellín, y la búsqueda de más de dos décadas que su familia no ha podido concluir. La narración corre a cargo de la propia voz de Arles, que recuerda su infancia en Campamento, Antioquia, su llegada a Medellín, su vida construida ladrillo a ladrillo —repartiendo empanadas, consiguiendo trabajo en un asadero de pollos— y el amor con Luz Enith Franco, a quien le pidió que bailaran antes de pedirle que fueran novios. En el año 2000 compraron juntos una pollería llamada 20 de julio.
El 30 de noviembre de 2002, tres hombres llegaron al negocio, preguntaron por él y se lo llevaron en un taxi. «En unas dos o tres horitas se lo traigo. Tranquila», le dijeron a Luz Enith. Nunca lo devolvieron.
La película mezcla ficción e ilustraciones con archivo histórico y testimonios documentales para situar la desaparición en su contexto: la Operación Orión del 16 de octubre de 2002, la connivencia documentada entre paramilitares y Fuerza Pública, y las 71 personas que, según la Corporación Jurídica Libertad, fueron asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante esa operación y en días posteriores. El bloque responsable era el Cacique Nutibara, cuyo comandante era, según se narra en el filme, Hernán Darío Aristizábal Ciro, alias «King Kong».
La búsqueda de Arles llevó a su hermano Henry y a su hermana Rubiela hasta una finca cercana a La Escombrera. Allí les dijeron que el día anterior lo habían «picado». La sala entera suspiro cuando Henry lo contó en cámara.
La historia, sin embargo, excede a Arles. A través de su caso, la producción reconstruye la lucha de cientos de familias: denuncias ignoradas, lideresas asesinadas, volquetas que siguieron depositando escombros en La Escombrera mientras la Fiscalía alegaba no tener maquinaria para remover lo que cubría los posibles restos. En 2024, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas —entidad extrajudicial creada tras el Acuerdo de Paz de 2016— inició una nueva intervención en un polígono del sitio, amparada por medidas cautelares. El 18 de diciembre de ese año, a las 10 de la mañana, encontraron las primeras estructuras óseas humanas. Diferentes familias corrieron hacia allá y permanecieron hasta la noche mientras los equipos, con lámparas y linternas de celulares, continuaron extrayendo los primeros huesos de la tierra.
Maria Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), acompañó jurídicamente a la familia durante 23 años. Es ella quien aparece en la película anunciando, en plena audiencia ante la Comisión Interamericana, que la Operación Orión ya estaba en marcha en Medellín.
Conviene mirar los incentivos. Arles existe porque una corte internacional tuvo que obligar al aparato estatal colombiano a reconocer su responsabilidad en papel y celuloide. Que la reparación haya llegado por mandato judicial —y no por iniciativa propia de las instituciones— dice más sobre la fragilidad del Estado de derecho en Colombia que cualquier discurso oficial sobre memoria y paz. El dato importa más que el ruido: mientras La Escombrera guardó silencio durante décadas, fueron las familias, los abogados de derechos humanos y una corte supranacional quienes mantuvieron viva la exigencia de verdad. La película es, al mismo tiempo, un acto de justicia tardía y un recordatorio de cuánto cuesta, en tiempo y en vidas, cuando las instituciones fallan desde adentro.
