La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para promover representaciones cartográficas que muestren con mayor precisión el tamaño relativo de los continentes, en particular el de África. El texto, impulsado por Togo con el respaldo de los 54 países de la Unión Africana, recibió 164 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.
Estados Unidos fue el único país que votó en contra. Se abstuvieron Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania.
El dato importa más que el ruido: la resolución no es jurídicamente vinculante, no prohíbe la proyección de Mercator ni impone un mapa único obligatorio. Su alcance se limita a sugerir que gobiernos, colegios, organismos internacionales y empresas tecnológicas consideren proyecciones que reflejen mejor las superficies reales.
El debate gira en torno a la proyección de Mercator, diseñada en 1569 para facilitar la navegación marítima, que distorsiona las superficies a medida que se alejan del ecuador. El resultado es que territorios cercanos a los polos, como Groenlandia, pueden aparecer comparables a África, cuando esta última es hasta 14 veces más grande. Frente a ese sesgo, la Unión Africana adoptó en febrero la proyección Equal Earth, desarrollada en 2018, que busca representar las superficies de forma proporcional.
El canciller togolés, Robert Dussey, defendió la iniciativa con una frase que resume el argumento africano: «Un mundo justo comienza con un mapa justo». Según Dussey, «un mapa nunca es neutral» porque moldea la percepción del lugar que ocupan los pueblos en el mundo. Francia se sumó al respaldo: su canciller, Jean-Noël Barrot, anunció que la diplomacia francesa dejará de usar Mercator, aunque aclaró que «cambiar el mapa obviamente no cambia el mundo».
La posición estadounidense fue la más contundente en sentido contrario. La representante de Washington ante la ONU, Yaryna Ferencevych, cuestionó que la Asamblea General dedicara tiempo a «proyectos cartográficos del siglo XVI» en lugar de ocuparse de «la paz internacional, la prosperidad o las buenas relaciones». Estados Unidos calificó la iniciativa de «proyecto ideológico radical», en línea con críticas previas a otras resoluciones de la ONU sobre interpretación histórica.
Conviene mirar los incentivos detrás de este tipo de votaciones. Una resolución no vinculante permite a la mayoría de la Asamblea General exhibir un gesto de reparación simbólica sin costo político real, mientras deja intacta la libertad de cada Estado, escuela o compañía tecnológica para decidir qué proyección usar según su propósito. Mercator, por su utilidad náutica, seguirá vigente donde haga falta trazar rutas; Equal Earth podrá ganar terreno en manuales escolares o informes donde la proporción importe más que la navegación.
El episodio ilustra una tendencia más amplia del multilateralismo contemporáneo: convertir cuestiones técnicas o culturales en escenarios de disputa identitaria dentro de organismos diseñados originalmente para resolver conflictos entre Estados. La objeción estadounidense, más allá de su tono, plantea una pregunta legítima sobre el uso del tiempo y el capital diplomático de la Asamblea General. La historia sugiere cautela ante instituciones que buscan legitimidad simbólica cuando su capacidad para resolver crisis reales —guerras, sanciones, hambrunas— sigue siendo limitada. El mapa, al final, no decide la geografía del poder; la deciden las economías, las instituciones y quienes invierten en ellas.
