La Organización de los Estados Americanos prevé debatir el 2 de octubre una resolución que reclama a Nicaragua retirar personal, tecnología e instalaciones de seguridad de Rusia, China e Irán. El borrador considera que esa presencia podría afectar la seguridad hemisférica.
El proyecto fue impulsado por las misiones permanentes de Colombia, Estados Unidos y Perú, y fue difundido por opositores nicaragüenses en el exilio. La reunión del Consejo Permanente se celebrará en Washington y estará centrada en la situación política del país centroamericano.
La iniciativa pide además la liberación inmediata y verificable de todos los presos políticos, así como la difusión del paradero de las personas en condición de desaparición forzada. También reclama la restitución de la nacionalidad y los bienes de al menos 452 personas despojadas de su ciudadanía por las autoridades nicaragüenses.
En el frente civil, el texto exige restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. Juan Sebastián Chamorro sostuvo que ello implicaría permitir el regreso de los medios de comunicación que salieron del país.
La resolución también pide devolver la personalidad jurídica a más de 5,500 ONG ilegalizadas desde 2018 y restituir las propiedades y activos confiscados a esas organizaciones. En materia institucional, demanda revocar las reformas constitucionales aprobadas entre 2025 y 2026, que, según sus promotores, desmantelaron la democracia representativa.
El borrador plantea recuperar la independencia de los poderes del Estado y el pluralismo político. Además, contempla la creación de un grupo de alto nivel para diseñar, a corto plazo, un plan de acciones graduales en los ámbitos diplomático, económico, financiero y multilateral.
Chamorro consideró que el régimen probablemente no aceptará las recomendaciones. En ese caso, afirmó que podrían avanzar medidas concretas contra Ortega y Murillo en los planos financiero, económico y multilateral.
La convocatoria se produce después de que Ortega afirmara en julio que no habrá más elecciones en Nicaragua. Según el borrador, el régimen también prepara cambios constitucionales orientados a consolidar ese objetivo. El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que prohibiría competir en elecciones a quienes el Estado considere «traidores a la patria» y extendería de seis a siete años los mandatos de los cargos de elección popular.
Para la región, el caso vuelve a mostrar que las instituciones importan cuando se rompen. Si la arquitectura política se cierra y la seguridad se externaliza hacia actores como Rusia, China e Irán, el conflicto deja de ser solo nicaragüense y pasa a tener costo hemisférico. El dato importa más que el ruido: la estabilidad institucional no es un lujo, sino una condición para la inversión, la propiedad y el orden.
La otra lección es menos cómoda para Managua. Un gobierno que restringe libertades, ilegaliza ONG y concentra poder reduce su propio margen de negociación y eleva el precio de cualquier salida. Conviene mirar los incentivos: cuanto más avanza el aparato estatal sobre la sociedad, más probable es que la presión externa llegue por la vía diplomática, económica y financiera.
