Una de las personas vinculadas al asesinato en Perú de la comunicadora y candidata regional Susy Alponte, conocida como la China Polo, murió aparentemente en un accidente de autobús en Guanare, estado Portuguesa.
La fallecida fue identificada como Alexandra Toro Montezuma, según medios locales citados en la nota. En el accidente también murió su hija menor de edad. Su pareja, Adrián Azuaje Solís, apodado Morocho, quedó gravemente herido.
La misma versión indica que Azuaje Solís era señalado como organizador del atentado contra la candidata. También sostiene que Toro Montezuma formaba parte del grupo que acompañó al sicario Luis Obispo Díaz, detenido después del asesinato ocurrido en la región de Áncash, en el norte de Perú, el 19 de septiembre.
Después del crimen, Toro Montezuma y Azuaje Solís habrían huido desde Áncash a Venezuela en autobús y usado identidades falsas para evitar ser detectados. Cuando atravesaban el municipio Guanare, en el estado de Portuguesa, el autobús se volcó en la carretera.
La fallecida era hermana de Ronald Toro Ardilla, uno de los dos detenidos por el caso. El otro arrestado fue Luis Obispo, quien confesó el crimen e identificó a Adrián Azuaje, Alexandra Toro y Ronald Toro, de acuerdo con la información publicada.
Tras su detención poco después del crimen, la Justicia peruana ordenó que tanto Obispo como Azuaje cumplan 18 meses de prisión preventiva.
La China Polo se presentaba a encabezar el gobierno regional de Áncash. Había ganado notoriedad en redes sociales con un programa de denuncias en ese departamento, que la nota describe como fuertemente golpeado por la corrupción, con casi todos sus gobernadores previos envueltos en escándalos.
En un mensaje difundido antes de su asesinato, la China Polo acusó al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, de haber «ordenado un atentado» contra ella. Añadió que había denunciado presuntos vínculos de jefes policiales con la banda criminal Los Pulpos, y que fue advertida de esa amenaza por internos de tres prisiones peruanas.
El episodio deja una imagen incómoda para cualquier Estado que aspire a proteger la vida y el orden. Cuando una trama criminal cruza fronteras, usa identidades falsas y deja muertos en ambos países, el problema no es solo policial: es institucional.
Conviene mirar los incentivos. La impunidad, la corrupción y la debilidad de los controles abren espacio a redes que operan como si la frontera fuera un trámite. El dato importa más que el ruido. Y el dato aquí es que una candidata murió asesinada, varios vinculados al caso huyeron, y la respuesta judicial llegó solo después.
