La gratificación de Fiestas Patrias vence el 15 de julio para el sector privado, y los datos que acompañan su pago dibujan un mercado laboral con márgenes muy ajustados. Según una encuesta de Bumeran, el 50% de los trabajadores consultados recibirá S/1.500 o menos —cifra que incluye al 20% que directamente no percibe gratificación alguna—. En el extremo opuesto, solo el 13% cobrará montos superiores a S/5.000.
El mecanismo es relativamente sencillo: la gratificación equivale a un sueldo íntegro para quienes están en planilla completa, más el 9% correspondiente al aporte a EsSalud o el 6,75% si el empleador aporta a una EPS. Un trabajador que gana el sueldo mínimo recibirá S/1.130 más S/101,70 por el aporte a EsSalud, lo que arroja una base de S/1.231,70.
La variación entre trabajadores responde a varios factores. Quienes están bajo el régimen de media planilla —diseñado para medianas y pequeñas empresas— reciben la mitad de los beneficios, lo que reduciría ese monto mínimo a S/615,85. En sentido contrario, el cálculo puede crecer si se incorporan conceptos remunerativos adicionales: horas extras, pago de feriados, asignación familiar, bonificaciones por tiempo de servicios, por riesgo de caja, por producción, por altura o por turno, así como licencias con goce de haber y tributos a cargo del trabajador asumidos por el empleador.
Hay además un grupo que permanece en el limbo: los trabajadores bajo el régimen CAS —unos 370.000, según reportes del período— no tienen garantizados ni aguinaldo ni gratificación de cara a Fiestas Patrias. El Congreso aún no ha resuelto su situación, y la fecha límite se acerca sin respuesta.
Conviene mirar los incentivos. La estructura del mercado laboral peruano, con sus múltiples regímenes y escalas de beneficios, produce exactamente el resultado que los datos confirman: una masa de trabajadores formales con remuneraciones bajas y beneficios recortados, y una franja significativa —el 20%— que ni siquiera accede al bono. La segmentación no es accidental; es el producto de décadas de legislación que intentó flexibilizar el empleo formal reduciendo costos laborales, pero que terminó consolidando una pirámide donde los beneficios plenos son la excepción y no la norma.
El dato importa más que el ruido. Mientras el debate público en Lima oscila entre mantener o recortar derechos laborales —la fuente menciona pedidos desde la esfera pública para reducir beneficios—, la fotografía real es la de un trabajador mediano que cobra poco más de mil soles de gratificación. Cualquier reforma que apunte a dinamizar el mercado laboral peruano debería partir de ese piso, no de los casos extremos en ninguna dirección. La estabilidad económica que el país necesita se construye sobre empleo formal robusto, no sobre la multiplicación de regímenes que diluyen los derechos hasta hacerlos nominales.
