Delmis Carolina C’Nol Amaya, exdiputada suplente hondureña, abandonó voluntariamente Estados Unidos y busca empezar de nuevo en Europa tras casi una década bajo un proceso de asilo.
C’Nol, de 59 años, vivió desde 2015 en Grand Rapids, Michigan, donde trabajó, aprendió inglés, obtuvo una certificación como auxiliar de enfermería y llegó a comprar una vivienda. También participó como voluntaria en el Centro de Alfabetización del Oeste de Michigan, donde recibió el reconocimiento como Voluntaria del Año 2026.
Su salida no fue una decisión improvisada. En abril de 2025, un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo y ordenó su expulsión de Estados Unidos. Después de esa resolución, contempló apelar, pero con el paso del tiempo decidió no seguir esperando una respuesta que podría tardar años más.
«¿Qué pasará dentro de 10 años si el juez o el magistrado dice ‘no’ a la apelación?», preguntó durante una entrevista. También dijo: «No puedo quedarme aquí diez años más. Es un nuevo desafío. No veo futuro para mi hijo y para mí aquí».
La hondureña había solicitado protección alegando amenazas relacionadas con su defensa de comunidades campesinas y los derechos humanos. Como parte de su testimonio, relató que sobrevivió a una emboscada armada ocurrida en 2004 y que abandonó Honduras en 2014, después del asesinato de un activista cercano a su labor social.
Antes de trasladarse a Estados Unidos, C’Nol participó en la política hondureña. Fue diputada suplente por el departamento de Cortés del Partido Demócrata Cristiano de Honduras durante el período 2010-2014.
La exparlamentaria dijo que uno de sus objetivos al pedir asilo era lograr estabilidad migratoria para viajar libremente y reencontrarse con su familia, algo que permaneció limitado durante los años en que estuvo bajo ese proceso. Su decisión actual implica vender su vivienda y cerrar una etapa que, pese a sus logros personales y comunitarios, nunca resolvió su situación legal.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un sistema de asilo tarda casi una década en resolver una solicitud, deja al individuo en una especie de suspensión civil: trabaja, estudia, se integra, pero sigue sin certeza. Esa incertidumbre no solo erosiona proyectos de vida; también reduce la confianza en instituciones que deberían ofrecer reglas claras y tiempos razonables.
La historia sugiere cautela. El Estado tiene la responsabilidad de examinar cada caso con rigor, pero también de evitar que la espera se convierta en castigo. Si una persona puede pasar años construyendo una vida y aun así quedar sin respuesta definitiva, el problema no es solo migratorio: es de funcionamiento institucional. Y cuando la burocracia se vuelve interminable, el costo lo pagan, una vez más, quienes menos margen tienen para esperar.
