La Junta de Paz creada por Donald Trump en enero habría emitido su primer contrato de construcción en Gaza, según informó el diario británico The Guardian, que citó a una fuente familiarizada con el proyecto. El contrato fue adjudicado a Arkel International, empresa con sede en Louisiana que previamente ha trabajado para el gobierno estadounidense en Irak.
La instalación proyectada tendría una superficie de 100 por 120 metros y capacidad para 150 personas, destinadas a albergar a un pequeño contingente de tropas marroquíes que rotarían desde una base ubicada en Israel. Según la fuente citada por The Guardian, el puesto estaría a aproximadamente 1.6 kilómetros de la frontera con Israel y contaría con una «ruta de extracción rápida» para permitir la salida de las tropas ante un eventual ataque.
Un funcionario de la Junta de Paz confirmó al mismo diario que el organismo se encuentra en las etapas finales de preparación de varios contratos, aunque ninguno ha sido formalizado. El proyecto se ubica en una zona bajo control directo del Ejército israelí dentro del territorio palestino.
La primera etapa contempla instalaciones descritas como adecuadas únicamente para despliegues de corta duración: tiendas de campaña, catres, baños químicos, estaciones para lavarse las manos, posiciones para vehículos y un terraplén defensivo. Planes contractuales anteriores preveían que este puesto fuera la primera fase de una base con capacidad para hasta 5.000 elementos.
La instalación estaría vinculada con la Fuerza Internacional de Estabilización contemplada en una resolución de la ONU para ayudar a implementar los acuerdos de seguridad y gobernanza previstos para Gaza. Marruecos ha prometido aportar un pequeño contingente, aunque el marco legal de esa fuerza y el calendario de su despliegue siguen sin definirse.
El anuncio llega pocos días después de que Trump afirmara que Hamas había aceptado desarmarse, mientras Israel ha rechazado el plan y aumentado sus ataques aéreos en Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel discrepa del plan estadounidense para el territorio. El proyecto representa, además, un giro respecto a los planes iniciales de la Junta de Paz, que había planteado una supuesta reconstrucción civil del territorio. La Junta está dirigida, entre otros, por Jared Kushner y Steve Witkoff.
El contexto humanitario es severo: según la fuente, alrededor del 80% de los edificios de Gaza resultaron dañados o destruidos durante la guerra, y gran parte de sus aproximadamente dos millones de habitantes sigue viviendo en campamentos improvisados.
Conviene mirar los incentivos. La adjudicación a una empresa privada de Louisiana para construir infraestructura militar en un territorio en disputa revela que la Junta de Paz opera, por ahora, más como un mecanismo de contratación que como un plan de gobernanza con respaldo multilateral. El dato importa más que el ruido: sin marco legal definido, sin acuerdo entre Washington y Tel Aviv, y sin claridad sobre quién ejerce soberanía, cualquier instalación sobre el terreno es, antes que nada, una apuesta política cuyo costo —financiero y diplomático— recaerá sobre los contribuyentes y aliados que la respalden. La historia sugiere cautela ante proyectos de estabilización que arrancan con tiendas de campaña y terraplenes defensivos antes de que exista un orden político al cual servir.
