El Board of Peace constituido por el presidente Donald Trump publicó el viernes un documento de 15 puntos —denominado «Road Map»— para implementar el Plan de Paz Integral en Gaza, un día después de que Trump anunciara que Hamas había acordado deponer las armas.
El texto establece que todas las partes reafirman su compromiso con el plan de Trump y con la Resolución 2803 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU, que juntos conforman «el marco internacional acordado» para el proceso. El objetivo declarado es «terminar el ciclo de destrucción», completar la retirada israelí de la Franja, restaurar la vida civil y abrir «un camino político creíble» hacia la autodeterminación y la condición de Estado para los palestinos.
Plazos y arquitectura institucional
Israel deberá completar «sin demora» los compromisos pendientes bajo el Protocolo de Sharm Sheikh, incluyendo el cese de operaciones militares. Hamas y las demás facciones deberán hacer lo propio. En paralelo, el calendario de implementación de la «Fase 2» deberá quedar listo en 14 días tras la aprobación del documento, plazo que podría extenderse por decisión del Comité Internacional de Verificación (IVC, por sus siglas en inglés).
Ese comité —que el propio Board of Peace deberá establecer— incluirá representantes de los países garantes, del Board y de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF). El IVC certificará que ambas partes cumplen antes de avanzar a la siguiente fase. La progresión entre etapas queda condicionada a la verificación de los compromisos de la fase anterior.
Gobernanza civil y desarme
El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) asumirá todas las funciones civiles y de seguridad. Hamas y las demás facciones se comprometen a no interferir en sus asuntos durante el período de transición. El NCAG deberá mantener la continuidad de los servicios públicos, tratar a los funcionarios «con dignidad y conforme a la ley palestina» y realizar una auditoría integral de las finanzas y activos públicos de Gaza.
El documento fija un techo de 400 millones de dólares para atender compromisos legítimos con proveedores y contratistas, con implementación gradual en tres años. Las obligaciones no resueltas se remitirán a «un proceso nacional más amplio» posterior.
En materia de armas, el texto adopta el principio «Una Autoridad, Una Ley, Una Arma»: solo el NCAG podrá poseer, almacenar o controlar armamento en Gaza al término del proceso. El desmantelamiento de armas pesadas, instalaciones de producción militar, depósitos y túneles comenzará tras el cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Sharm Sheikh, la entrada del NCAG y el despliegue del ISF. Las armas decomisadas no serán transferidas a Israel ni a partes no palestinas.
Lo que está en juego
Conviene mirar los incentivos. El arquitecto político del acuerdo es Washington, y la hoja de ruta lleva la firma institucional de Trump con respaldo explícito del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso es, en términos de legitimidad internacional, una combinación infrecuente que otorga al plan una base jurídica más sólida que la de iniciativas anteriores.
El dato importa más que el ruido: la verificación independiente —con plazos concretos y un comité tripartito— es precisamente lo que faltó en los acuerdos previos que Hamas incumplió sistemáticamente. Si el IVC opera con autonomía real y los garantes sostienen la presión, el diseño institucional es más robusto que sus predecesores. Si no, el calendario de 14 días para preparar mecanismos de implementación se convertirá en el primer test de credibilidad de un proceso que, por ahora, solo existe en papel.
