La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia decidió mantener bajo su dirección las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, pese a la solicitud de traslado presentada por la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.
El reclamo de competencia lo formalizó el representante Carlos Cuenca Chaux ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Su argumento: los hechos investigados podrían estar cobijados por el fuero presidencial, ya que Uribe gobernó entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010, y por tanto correspondería a esa comisión legislativa —no a la Fiscalía ordinaria— adelantar el proceso.
La hipótesis que maneja Cuenca sostiene que Uribe habría facilitado y promovido, presuntamente, el accionar del grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, luego identificado como Bloque Metro, bajo la figura de concierto para delinquir agravado.
La fiscal tercera delegada, Gloria Marcela Abadía, respondió que el traslado no resulta jurídicamente viable por ahora: los hechos que originaron la investigación, según su lectura, no se habrían presentado durante el mandato presidencial de Uribe. Ese punto —si la conducta es anterior o posterior a la llegada a la Casa de Nariño— es el que define qué autoridad tiene competencia.
Ante la disputa, Abadía optó por elevar el conflicto a la Corte Constitucional, que deberá determinar cuál organismo debe continuar el proceso. Mientras el alto tribunal decide, los expedientes —que incluyen también el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle— permanecen en la Fiscalía Tercera Delegada.
Las masacres en cuestión ocurrieron en Ituango, Antioquia. En La Granja, hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y del bloque Mineros recorrieron el corregimiento, cerraron comercios y, lista en mano, sacaron a pobladores de sus casas acusándolos de auxiliar a la guerrilla; cinco fueron torturados y asesinados frente a sus familias. En 1997, los mismos grupos volvieron a Ituango y se ensañaron contra El Aro: 15 personas asesinadas, 42 viviendas incendiadas, 1.200 cabezas de ganado robadas y 1.400 desplazados, según cifras de la Agencia Nacional de Tierras.
El nombre de Uribe ha figurado en estos expedientes desde la época de los hechos, sin que hasta ahora exista vinculación formal en su contra. El propio expresidente sostiene que su nombre reaparece de forma recurrente cada vez que el país atraviesa coyunturas electorales, como la actual. Su defensor, Jaime Granados, presentó un documento en el que afirma que no existen fundamentos jurídicos ni elementos probatorios nuevos que justifiquen reabrir procesos cerrados tras más de dos décadas de actuaciones judiciales.
El caso llega, además, en un momento en que la justicia colombiana ya golpeó de forma directa al círculo Uribe: la condena confirmada contra su hermano Santiago fue calificada por el propio expresidente como «devastadora para mi familia».
Conviene mirar los incentivos. Un conflicto de competencias entre la Fiscalía y el Congreso no es un tecnicismo menor: define si un expresidente responde ante la justicia ordinaria o ante un cuerpo político, la Comisión de Acusación, con un historial de lentitud y presiones partidistas que ha erosionado la confianza en su capacidad de fallar con independencia.
Que el desenlace quede en manos de la Corte Constitucional, y no de la coyuntura electoral, es la única garantía de que el proceso —cualquiera sea su resultado— conserve legitimidad institucional. El dato importa más que el ruido: por ahora no hay vinculación formal contra Uribe, y la disputa sigue siendo sobre el foro, no sobre los hechos.
