María Soledad Calle no ocupaba ningún cargo formal en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Era, según consta en la causa judicial, empleada del gremio y al mismo tiempo accionista de USEM, la empresa contratada para administrar buena parte de los fondos sindicales. Esa doble condición es hoy el centro de una investigación que también apunta al dirigente Abel Furlán.
El expediente se activó en febrero pasado, cuando Angel Derosso —candidato que enfrentó a Furlán en elecciones de la UOM Zárate-Campana anuladas por la Justicia por «serias irregularidades»— y otros dirigentes de la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor denunciaron presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita por la cesión del manejo de los aportes gremiales a USEM. Según la denuncia, esa empresa recaudaba más de 100 millones de pesos mensuales de unos 200 mil afiliados.
El contrato en cuestión, vigente desde febrero de 2023, otorga a USEM el control operativo y financiero del 80% de los aportes sindicales, con potestad para abrir cuentas bancarias a nombre del gremio, ejecutar pagos y administrar la caja. Fija honorarios del 0,5% de todo lo recaudado, tiene una duración de diez años y establece que solo la empresa puede rescindirlo, lo que deja al sindicato subordinado jurídicamente a ese acuerdo.
Los accionistas de USEM son María Soledad Calle y Adalberto Raúl Braconi. Según la denuncia, Calle habría sido identificada por personas vinculadas con la empresa como «la primera dama», un apodo que —sostienen los denunciantes— permitiría establecer «cuál era su verdadero grado de participación, control o dirección» dentro de la sociedad y su relación con Furlán, en detrimento de mecanismos de auditoría externa.
A partir de esa presentación, el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, allanó en marzo la sede nacional de la UOM en Alsina al 400, apuntando a Furlán y a Calle como accionista y directora de USEM.
Esta semana el caso escaló cuando La Nación reveló que Calle compró, por un valor declarado de aproximadamente USD 189.000, el departamento ubicado debajo de la vivienda de Cristina Kirchner en San José 1111. A partir de esa revelación, Derosso y los demás denunciantes pidieron a la Justicia el allanamiento de esa propiedad.
Los denunciantes también aportaron nuevos elementos a la causa: Calle registra 114 viajes internacionales entre 2010 y 2026, con destinos concentrados en Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México. Entre 2023 y 2026 se acumularon 80 de esos viajes, más de dos tercios del historial. Solo en 2023 hubo 22 salidas: seis a Brasil, cuatro a Uruguay, tres a Holanda, tres a Francia, dos a Italia y dos a México. En 2024 la actividad fue todavía mayor.
A los viajes se suman otras dos propiedades a su nombre en Campana —una en la calle Belgrano y otra en un country— y un BMW M135 X Drive valuado en USD 70.000, además del departamento de San José 1111.
Consultada por La Nación, Calle rechazó cualquier irregularidad: «No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asigna, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida».
Calle fue concejal del Frente de Todos en Zárate y milita en La Cámpora. Dentro del propio gremio metalúrgico, su doble rol —empleada de la UOM y a la vez dueña de la firma contratada para manejar la caja sindical— generaba malestar entre dirigentes elegidos por el voto de los afiliados, según la denuncia.
El caso ilustra un patrón conocido en el sindicalismo argentino: contratos de administración de fondos sin competencia ni auditoría externa, blindados contractualmente y ejecutados por allegados al poder gremial. Conviene mirar los incentivos. Cuando una sola parte controla la caja, redacta el contrato y decide quién puede rescindirlo, la rendición de cuentas ante los afiliados deja de ser una opción real. El dato importa más que el ruido: son los aportantes, no la dirigencia, quienes financian ese esquema mientras la Justicia determina si hubo delito.
