El 9 de septiembre, a las 8.50, fue detenido el exfiscal Vinko Fodich Andrade, de 52 años, por la Policía de Investigaciones, que llegó hasta las afueras de su oficina de abogado privado en Providencia. La Fiscalía Supraterritorial lo considera clave en una investigación por secuestro extorsivo y lavado de activos, en la que figuran como víctimas ciudadanos chinos.
La causa describe un mecanismo que mezcló simulación policial, presión económica y captación de víctimas bajo una apariencia de legalidad. En los primeros días de agosto, según el relato conocido, se instaló un falso cuartel policial para llevar a personas a quienes se les decía que estaban siendo investigadas por la PDI e incluso el FBI. Allí se les pedían sumas millonarias de dinero.
En su declaración, a la que tuvo acceso La Tercera, Fodich reconoció el engaño. Dijo que fue invitado a participar, pero que no presionó para que se hicieran los pagos. En partes de su testimonio afirmó no recordar hechos por los que estaba siendo interrogado. También sostuvo que solo tuvo vinculación con un caso.
Al momento de su detención, le incautaron varios pendrives y dos boletas de depósitos que llevaba en una mochila del banco Itaú. Ese detalle llamó la atención de los detectives porque, según quienes conocen de la causa, los pagos de las extorsiones se hicieron en efectivo. Conviene mirar los incentivos: cuando el dinero circula fuera del sistema formal, la trazabilidad cae y el abuso encuentra más espacio.
Fodich declaró ante el fiscal Pablo Sabaj que conocía a Angelo Stevens, a quien describió como cliente de su oficina. Luego explicó que supo que Stevens trabajaba con un ciudadano chino de apellido Fu, al que ayudaba con problemas bancarios. Según su testimonio, Stevens le comentó que querían engañar al chino Fu y que tenía conocidos de la PDI; la idea era citarlo y avisarle a Fodich para que fuera y participara del engaño.
El abogado añadió que lo invitaron al falso cuartel y que días antes del secuestro fue a un edificio en José Miguel Carrera 359, en Santiago, para conocer el lugar. Bajó al piso -1, donde estaban su cliente, otros sujetos y también detectives imputados en la causa. «A mí se me pedía corroborar la escena que se estaba desarrollando, pero no participé ni en el diseño ni en el desarrollo», aseguró.
El secuestro se concretó el 6 de agosto. El ciudadano chino fue abordado en la calle cuando esperaba recibir un vale vista por $42 millones. Tres sujetos lo subieron a una camioneta y lo llevaron hasta el falso cuartel.
Ese día, Fodich recibió un llamado a las 10.30 para decirle que el chino ya estaba en «la sala de reuniones». Luego llamó a la hermana del chino para decirle que iría a verlo y que tenía que acompañarlo. Más tarde describió que, antes de entrar, vio un carro policial con las balizas azules encendidas afuera del lugar, y que se lo señaló a la mujer para reforzar la credibilidad de la escena.
En su relato, también dijo que al entrar al edificio los recibió un sujeto vestido formal, al que identificó como Moraga Parisi, y que en la sala ya estaba José y el chino Fu con esposas. Según su versión, le dijeron que simulaban una orden de detención y un eventual traslado a Iquique, algo que él «avaló» de acuerdo al plan que le indicaron.
Fodich agregó que los extorsionadores primero pidieron $200 millones, luego $150, después $100 y finalmente los $30 millones que obtuvieron. Explicó que el dinero se negoció como un pago por libertad y que parte habría salido de un contacto de los Fu, mientras otros $10 millones estaban en el departamento de la mujer.
La historia sugiere cautela sobre el deterioro institucional que producen estas tramas. Cuando una fachada policial se usa para extorsionar, el daño no recae solo en una víctima: erosiona la confianza pública en la autoridad, encarece la protección de derechos y castiga a quienes dependen de instituciones creíbles para trabajar e invertir.
También deja una lección incómoda para el Estado: la legalidad no puede ser una escenografía. Si las instituciones se prestan, o se simula que se prestan, para arrebatar dinero mediante miedo y coacción, el costo termina pagándolo la ciudadanía que sí cumple. El dato importa más que el ruido: aquí el problema no es solo un delito, sino la degradación del orden que permite que otros delitos florezcan.
