La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó, en enero de 2026, el recorte del aguinaldo para los nuevos pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. El fallo, aprobado por siete ministros, avala el artículo 74 de la reforma a la Ley del ISSSTEZAC publicada el 10 de agosto de 2024. La prestación pasa de 60 a 30 días para quienes tramitaron su jubilación a partir de esa fecha.
La medida no toca a los pensionados existentes. La Corte fue explícita: la ley no puede aplicarse de forma retroactiva. Quienes ya recibían una pensión —o habían cumplido los requisitos para obtenerla bajo el esquema anterior— conservan sus 60 días sin cambio alguno.
El Pleno no validó la reforma completa. La Legislatura de Zacatecas también había aprobado los artículos 128 y 128 Bis. Esos preceptos condicionaban el cumplimiento de las obligaciones del instituto a su capacidad financiera. La Corte los declaró inconstitucionales: la seguridad social es un derecho humano y no puede sujetarse a la disponibilidad de recursos del organismo.
Los números que explican la reforma
El déficit actuarial del ISSSTEZAC asciende a 54 mil 168 millones de pesos, según el propio instituto. La nómina de pensiones pasó de 77 millones de pesos en 2021 a 126 millones en 2025. La proyección para 2027 es de 150 millones. Eso representa un crecimiento del 63.6% en cuatro años.
Al cierre de noviembre de 2025, el instituto registraba 6 mil 614 pensionados frente a 18 mil 122 derechohabientes activos. La tasa es de 2.78 trabajadores por cada jubilado. La Secretaría de Finanzas de Zacatecas clasifica al ISSSTEZAC como «uno de los riesgos financieros más significativos a mediano plazo» para el gobierno estatal, con adeudos que suman 297 millones de pesos.
En enero de 2025, el instituto no tenía fondos suficientes para pagar el aguinaldo completo. Según declaraciones de su director general, José Ignacio Sánchez González, el instituto había reunido 41.8 millones de pesos para cubrir a 6 mil 99 pensionados, pero necesitaba 54.8 millones. El faltante era de 13 millones de pesos.
Para evitar que ese hueco se repitiera, la reforma introdujo un mecanismo de aportaciones quincenales de trabajadores activos y patrones destinado a financiar el aguinaldo de los jubilados. En la práctica, una fracción del salario de quien hoy trabaja financia la prestación de fin de año de quien hoy está retirado.
Un criterio que otros estados podrán invocar
El fallo es de alcance local. No modifica las reglas del IMSS ni del ISSSTE federal. Sin embargo, el criterio jurídico que establece —que reducir prestaciones futuras es válido si existe un fin legítimo y no se afectan derechos ya adquiridos— sienta una base que otros gobiernos estatales con sistemas deficitarios podrían utilizar para impulsar reformas similares. El Anexo de Riesgos de Finanzas Zacatecas proyectaba que, para 2027, más de 4 mil 331 trabajadores cumplirían requisitos de jubilación, lo que elevaría la nómina a más de 7 mil 873 pensionados.
Conviene mirar los incentivos. El caso del ISSSTEZAC ilustra una dinámica que se repite en varios sistemas estatales de pensiones: promesas generosas acumuladas durante décadas, financiadas con contribuciones insuficientes y ahora sostenidas, en parte, por el presupuesto general. El fallo de la Corte reconoce, implícitamente, que las prestaciones futuras no pueden desconectarse de la viabilidad financiera del sistema que las respalda. Ese principio —ajustar compromisos antes de que el derrumbe sea inevitable— es precisamente el que los aparatos estatales suelen postergar hasta que el costo recae sobre el contribuyente. La historia sugiere cautela: donde la reforma llega tarde, el ajuste es siempre más doloroso.
