Kataib Hezbollah, la facción más poderosa de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) iraquíes, descartó este lunes entregar sus armas al Estado y anunció una expansión de su arsenal. La decisión llega en respuesta directa a los bombardeos que Estados Unidos y Arabia Saudita ejecutaron el 28 de julio contra instalaciones logísticas y depósitos de armamento de milicias proiraníes en el este de Irak.
Según el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la operación conjunta respondió a más de 30 ataques con drones registrados en 72 horas, atribuidos a grupos dirigidos por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní. El balance preliminar dejó al menos 20 muertos y una treintena de heridos.
El secretario general del grupo, Abu Hussein al Hamidawi, sostuvo en un comunicado que los bombardeos representan «un peligroso precedente que presagia repercusiones que podrían dar paso a una nueva era» en Medio Oriente, y que ello exige «adhesión al arma de la resistencia» y el «desarrollo y la expansión del arsenal». Kataib Hezbollah está designada como organización terrorista por Estados Unidos, pese a estar formalmente integrada en las Fuerzas Armadas iraquíes.
Horas antes de los ataques, el Ministerio de Defensa saudí informó que sus defensas aéreas interceptaron varios drones dirigidos contra instalaciones petroleras en la provincia Oriental del reino. El portavoz saudí, el general Turki al Maliki, atribuyó los lanzamientos a milicias proiraníes que operan desde suelo iraquí. Tanto las FMP como la Resistencia Islámica en Irak negaron su participación y sugirieron que los responsables fueron los hutíes yemeníes, quienes días antes habían reivindicado ataques contra un petrolero saudí y anunciado un bloqueo del tráfico marítimo saudí hacia el estrecho de Bab el Mandeb.
El desafío de Kataib Hezbollah complica seriamente la agenda del primer ministro iraquí Ali al Zaidi, quien asumió en mayo con el desarme de las milicias como uno de sus compromisos centrales. Su Ejecutivo fijó el 30 de septiembre como plazo límite para que todas las facciones armadas entreguen sus armas al Estado, en línea con la presión ejercida por Washington. El proceso avanza de forma desigual: algunas facciones han comenzado a ceder parte de su arsenal, mientras que Kataib Hezbollah y Harakat al Nujaba se han negado sistemáticamente a discutir el tema.
En mayo, un portavoz de Kataib Hezbollah había planteado incluso comprar el armamento de los grupos dispuestos a desprenderse de él y ofrecido supervisar su almacenamiento, una postura que analistas interpretaron como un intento de reforzar su posición dentro de las FMP a costa del debilitamiento de otras facciones. El grupo condiciona además cualquier conversación sobre sus propias armas a la retirada de fuerzas extranjeras desplegadas en la región kurda como parte de la coalición contra el Estado Islámico, cuya misión en Kurdistán está prevista que concluya en septiembre, el mismo mes del plazo de desarme.
El dato importa más que el ruido. Lo que está en juego en Bagdad no es una disputa burocrática sobre inventarios de armas: es la pregunta de si el Estado iraquí puede ejercer el monopolio legítimo de la fuerza dentro de sus propias fronteras. Una milicia que rechaza el desarme, propone comprar las armas de sus rivales internos y condiciona su conducta a la política exterior de Teherán no es una fuerza auxiliar del Estado; es un Estado paralelo con uniforme.
Conviene mirar los incentivos. Al Zaidi enfrenta un dilema sin salida cómoda: forzar el cumplimiento del plazo arriesgando un choque directo con la milicia más armada del país, o tolerar el desafío y asumir el coste político de una promesa incumplida frente a Washington y Riad. La historia de las milicias integradas formalmente en estructuras estatales —pero leales a patrocinadores externos— sugiere cautela sobre la capacidad de cualquier gobierno para resolver esa ecuación por la vía administrativa. El otoño iraquí será una prueba de hasta dónde llega la soberanía real de Bagdad.
