El presidente José Antonio Kast defendió este martes, desde la región de Magallanes, la reforma de seguridad que impulsa su gobierno, tras las críticas de parlamentarios oficialistas que señalaron que Jeannette Jara, excandidata presidencial del Partido Comunista, «jamás» habría presentado una propuesta como esa.
«Nunca habrían estado en esa situación porque alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta», respondió Kast al ser consultado sobre si a su sector le importa más el contenido de la reforma o su carga ideológica.
El mandatario recordó los debates presidenciales, en los que —según su versión— el sector de Jara favorecía el ingreso de migración irregular, y evocó lo que llamó la «reforma refundacional» de los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric, que a su juicio rompía el equilibrio de poderes y denostaba a la autoridad policial.
El trasfondo inmediato es un choque institucional. El Juzgado de Garantía de Iquique acogió una cautela de garantía solicitada por las defensas de imputados vinculados al Clan Chen, organización de origen chino, que habían sido trasladados a la cárcel La Laguna de Talca en el marco del operativo que el Ejecutivo denominó Plan Cancerbero.
Kast calificó de «inaceptable» que no se respetara la disposición de Gendarmería para trasladar a los internos desde Alto Hospicio hacia el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad y luego a Talca. Insistió en que la reforma constitucional busca precisamente que quienes organizan bandas criminales enfrenten aislamiento total, «respetando la autoridad de los distintos jueces», aunque cuestionó que se «pretenda cuestionar la autoridad de Gendarmería» cuando busca aislar a sujetos de este tipo.
El mandatario explicó que personas como Juan Abdón Flores Valenzuela, alias «el Indio Juan», deben permanecer «debidamente aisladas del resto del mundo», sin comunicación virtual, encomiendas ni visitas personales. «Esperamos que la justicia reflexione sobre esto y permita que Gendarmería realice bien su trabajo», añadió.
Flores Valenzuela, fugado de la cárcel el 25 de febrero, fue detenido tras conocerse que integraba un plan para atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Kast valoró la captura y advirtió a otros prófugos: «Los vamos a capturar, los vamos a poner a disposición de la justicia, los vamos a encerrar».
Sobre las amenazas contra autoridades, el presidente fue directo: «Vamos a ir por ellos». Recordó que el ministro de Seguridad había realizado operativos en los sectores más complejos de San Bernardo pocos días antes de conocerse el plan contra White, a quien Kast dijo conocer personalmente. Anunció que buscará reunirse con el alcalde a su regreso a Santiago para reiterarle «todo el apoyo para combatir el crimen organizado».
La jornada, que incluyó además el anuncio de un programa de mejoramiento de viviendas y barrios en Punta Arenas, quedó marcada por el choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial sobre el manejo penitenciario de bandas transnacionales.
El episodio ilustra una tensión que trasciende Chile: gobiernos que endurecen el discurso de orden público chocan con garantías procesales que, bien entendidas, protegen al Estado de derecho, pero que en la práctica pueden convertirse en un obstáculo operativo cuando se trata de crimen organizado. Conviene mirar los incentivos. Si los jueces de garantía frenan sistemáticamente los traslados dispuestos por la autoridad penitenciaria, el mensaje que reciben las organizaciones criminales es que el aparato estatal se neutraliza a sí mismo.
El dato importa más que el ruido de la disputa con Jara y el Partido Comunista. La reforma de seguridad de Kast se sostiene o cae según su capacidad de traducirse en aislamiento efectivo de bandas como el Clan Chen, no en declaraciones cruzadas sobre quién habría o no presentado tal proyecto. La historia sugiere cautela ante promesas de mano dura que luego se diluyen en la judicialización cotidiana del sistema penitenciario.
