La Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró culpable de cohecho al expresidente Lenín Moreno (2017-2021), según informó este viernes el tribunal. Los magistrados determinaron que Moreno gestionó la adjudicación de la mayor central hidroeléctrica del país a la empresa estatal china Sinohydro a cambio de sobornos, cuando ejercía como vicepresidente de Rafael Correa.
Según las investigaciones del Ministerio Público citadas en el fallo, la constructora china pagó cerca de 76 millones de dólares en dádivas por la adjudicación del proyecto Coca Codo Sinclair, de 1.500 megavatios de potencia. De esa suma, el exmandatario y sus allegados habrían recibido más de un millón de dólares.
Los jueces sostuvieron que la compañía china inyectó recursos millonarios a una trama empresarial que luego distribuyó los fondos entre distintas sociedades y personas, entre las que figuran miembros del núcleo familiar de Moreno. El tribunal concluyó que el expresidente aprovechó su posición en la vicepresidencia para intervenir en áreas ajenas a sus competencias operativas con el fin de beneficiar a la firma asiática.
«El beneficio indirecto recibido a través de terceras personas no deja de lado la valoración de la actuación funcional del procesado, sino que aportan al correlato financiero que, en su conjunto, establece el carácter de obtención de recursos indebidos», aseveró el magistrado ponente durante la audiencia, en la que estuvieron presentes Moreno y su esposa.
La Fiscalía General del Estado solicitó una condena de seis años y seis meses de prisión para el exjefe de Estado, medida que pide extender a su esposa, Rocío González; a su hija, Irina Moreno; al exembajador chino Cai Runguo y a otros 17 implicados. La acusación fiscal demandó además la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la suspensión de derechos políticos, multas económicamente reparatorias, disculpas públicas y la colocación de una placa anticorrupción en el complejo hidroeléctrico.
La sesión judicial, que se extendió por más de seis horas para fijar el grado de responsabilidad de los 20 imputados, comenzó con el rechazo de Moreno a las acusaciones. «Decidí asistir presencialmente porque quería dar la cara. Este juicio es una venganza orquestada por el expresidente Rafael Correa», afirmó Moreno antes de conocerse el veredicto. Según el expresidente, el correísmo, a través de Ronny Aleaga, habría montado todo el caso Sinohydro. Moreno atribuyó el proceso a un ofrecimiento de venganza que, según él, Correa habría hecho hace más de ocho años.
El caso Sinohydro se remonta a la construcción de Coca Codo Sinclair, contrato que firmó Correa y cuya obra, según declaró el propio Moreno, fue ejecutada por Jorge Glas por orden del entonces presidente.
El fallo se inscribe en la larga cadena de procesos judiciales que han marcado la política ecuatoriana desde la era Correa, en la que los grandes contratos de infraestructura con empresas estatales chinas se convirtieron en la puerta de entrada para tramas de corrupción de escala continental. La historia sugiere cautela ante cualquier lectura que reduzca el caso a una disputa entre facciones: el correlato financiero documentado por el tribunal —76 millones de dólares en dádivas por una sola obra— es en sí mismo el dato que importa más que el ruido de las acusaciones cruzadas entre Moreno y Correa.
Para los ecuatorianos, el episodio confirma un patrón regional: cuando el Estado concentra la decisión sobre proyectos de infraestructura de esta magnitud, el incentivo para la captura de rentas por parte de funcionarios y sus círculos cercanos se dispara. La condena, si se confirma en las instancias que sigan, no cierra el expediente de fondo: la pregunta pendiente para la institucionalidad ecuatoriana es si el sistema de contratación pública ha corregido los incentivos que hicieron posible este esquema, o si simplemente cambió de protagonistas.
