La audiencia de imputación de cargos contra Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado como presunto responsable del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, fue aplazada el pasado 21 de julio por falta de disponibilidad de juzgados ambulantes. El aplazamiento generó una reacción inmediata de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que exigió celeridad al aparato judicial colombiano.
Chalá Torrejano enfrenta cargos de homicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y tortura agravada, todos relacionados con el crimen del periodista, ocurrido en mayo de este año en el norte de Antioquia. Un juez de control de garantías ya le había impuesto medida de aseguramiento en centro carcelario por otros delitos —entre ellos concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas—, pero la nueva actuación judicial busca vincularlo formalmente por el homicidio del comunicador.
Mateo Pérez tenía 24 años y dirigía el medio digital «El Confidente de Yarumal». Cubría corrupción, orden público y la presencia de grupos armados ilegales en municipios como Briceño e Ituango, zona donde se disputaban el control territorial el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc. El periodista desapareció el 5 de mayo mientras realizaba una cobertura en esa área; días después, una misión humanitaria recuperó su cuerpo en una zona rural de Briceño.
El presunto responsable fue capturado el 12 de junio en un peaje de Flandes, Tolima, durante un operativo policial en el que, según las autoridades, se desplazaba hacia Caquetá acompañado por otros integrantes de la estructura armada que comandaba. En el procedimiento también fueron detenidas otras cinco personas y se incautaron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y equipos de comunicación.
La FLIP fue directa en su diagnóstico: «Es fundamental que las autoridades judiciales comprendan que las dilaciones procesales prolongan la impunidad y debilitan la confianza en la justicia», señaló la organización. La advertencia no es retórica: en Colombia, los casos de periodistas asesinados acumulan una larga historia de procesos inconclusos que terminan archivados o prescritos.
El dato importa más que el ruido. Un sistema judicial que aplaza una audiencia de imputación —el primer eslabón formal del proceso penal— por razones logísticas como la «falta de disponibilidad de juzgados ambulantes» revela un déficit institucional de fondo, no una anomalía puntual. Mateo Pérez pagó con su vida el ejercicio del periodismo en una región donde el Estado compite en desventaja con estructuras armadas que cobran con sangre la cobertura periodística. Que el proceso contra su presunto asesino tropiece en su primer paso procesal no es un detalle administrativo: es la medida exacta de cuánto le cuesta al Estado colombiano garantizar justicia donde más se necesita. Conviene mirar los incentivos: mientras la burocracia judicial no sienta urgencia, los grupos armados tendrán razones para creer que el costo de matar periodistas sigue siendo bajo.
