La instalación de la mesa de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y la Asamblea Nacional de 2020, prevista para el primero de agosto, tiene ya un primer desafío sobre la mesa: representantes del Programa de Organización Ciudadana (POC), la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) y la abogacía organizada venezolana plantean que el proceso debe incorporar una comisión destinada a reorganizar el sistema de justicia del país.
El jurista Rafael Veloz García, coordinador del POC —coalición integrada por más de 25 organizaciones sociales—, presentó el documento el 23 de julio. Su argumento central: una transición institucional no puede concentrarse únicamente en el ámbito electoral. El rescate del Poder Judicial, sostiene, debe figurar entre las primeras medidas que se discutan.
La propuesta, denominada «Justicia en Transición», plantea la creación de una Comisión Judicial de Transición con carácter temporal y composición plural. Entre sus responsabilidades estarían mantener operativa la justicia ordinaria, revisar la situación de jueces y altos funcionarios con garantías de debido proceso, organizar concursos abreviados para jueces de transición y detener nuevas designaciones de magistrados mientras avance la reorganización institucional.
El diagnóstico que respalda la iniciativa es severo: según Veloz, hasta el 85% de los jueces venezolanos ejerce en condición provisoria, lo que a su juicio contraviene el artículo 255 constitucional y ha sido señalado por el World Justice Project, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La UIBA respaldó la propuesta. Su presidente, el jurista mexicano Alfonso Pérez Cuéllar, subrayó que la independencia judicial será un elemento determinante para el éxito de cualquier transición política: «Las transiciones se ganan o se pierden en el Poder Judicial, y casi siempre se descubre demasiado tarde». La organización propuso seis mecanismos de acompañamiento, entre ellos una Comisión Técnica Iberoamericana, observadores internacionales en la evaluación de jueces, un banco de expertos en gestión judicial y medidas de protección para abogados en riesgo. Estableció, además, tres condiciones: que la revisión no derive en una purga, que la etapa transitoria tenga fecha de culminación definida y que la cooperación internacional acompañe sin sustituir las decisiones de los venezolanos.
La exjueza Clara Inés Vallecillos, integrante del directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, fue aún más directa: «Un juez removible de plano no es un juez: es un funcionario». Y añadió: «Evaluar no es depurar; una evaluación sin defensa, sin motivación y sin recurso no es un instrumento de transición: es una purga con otro nombre». La abogacía organizada anunció cuatro líneas de acción a partir del primero de agosto, entre ellas la instalación de un Observatorio Nacional del Funcionamiento Judicial y un programa de capacitación con universidades y la UIBA.
Los promotores adelantaron que entregarán una segunda versión del documento —que incluirá un proyecto de ley— ante la comisión parlamentaria integrada, la ciudadanía venezolana y el Departamento de Estado norteamericano.
Conviene mirar los incentivos. Un Poder Judicial en el que ocho de cada diez jueces son provisorios no es un sistema independiente: es un instrumento de control político. Cualquier acuerdo que no toque esa estructura dejará intacto el mecanismo que durante años ha bloqueado la propiedad privada, la libertad de empresa y las garantías individuales en Venezuela. El dato importa más que el ruido: sin jueces inamovibles y designados por concurso, las libertades que una transición promete en el papel seguirán siendo papel. La historia regional sugiere cautela ante procesos que negocian lo electoral y postergan lo judicial; ese aplazamiento suele ser permanente.
