María Tardón, jueza del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, detectó indicios de manipulación en los documentos entregados por Ilocad SL —el despacho de abogados de Baltasar Garzón— para fundamentar una querella contra exdirectivos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
El medio español The Objective reveló que la magistrada encontró raspaduras e indicios de posible manipulación en los contratos presentados por ese bufete ante el tribunal. La querella, interpuesta en 2017 a través de Ilocad SL como representante legal de Pdvsa, acusaba a varios exdirectivos de la compañía —radicados en Madrid— de haber orquestado una presunta red de desfalco del patrimonio público venezolano.
Sin embargo, según fuentes consultadas por The Objective, aquella acción penal habría obedecido a una maniobra pilotada directamente por Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro. El objetivo, según el mismo medio, era adelantarse a exdirectivos de la etapa de Hugo Chávez —distanciados de Maduro— antes de que estos colaboraran con la justicia española destapando el mapa de corrupción del régimen. «Al tomar la delantera, la cúpula chavista logró colocarse en el rol de querellante y víctima, mientras que sus potenciales delatores pasaban a ser formalmente investigados», señaló The Objective.
Las sospechas policiales se concentran en un expediente de compra adjudicado por Bariven, la filial de Pdvsa encargada de contratación y adquisiciones internacionales, por un importe total de 17.323.454,49 dólares. Dentro de la estructura corporativa, las autorizaciones estaban parametrizadas por el sistema SAP según tramos de cuantía: hasta 1.163.000 dólares firmaba la directiva Ismary Yéguez; hasta 9.302.300 dólares, Maximiliano Soto; hasta 18.900.000 dólares, el entonces gerente general de Bariven, César Rincón; y entre 18.900.000 y 27.900.000 dólares, el entonces presidente de la filial, Javier Alvarado.
El documento aportado por el bufete ante la Audiencia Nacional presentaría, según The Objective, dos alteraciones concretas: la casilla asignada a César Rincón habría sido borrada de forma «burda» para eliminar el límite cuantitativo de su autorización, y se habría añadido la rúbrica de Javier Alvarado —que no debía figurar en ese contrato— con bolígrafo negro, mientras todas las firmas operativas reglamentarias fueron estampadas con bolígrafo azul. Los abogados de los investigados señalan esa inconsistencia como indicio de una presunta fabricación o alteración extemporánea de la prueba.
Ante la jueza, la respuesta del despacho de Baltasar Garzón ha consistido en desvincularse del origen de la documentación y atribuir su elaboración a terceros.
Conviene mirar los incentivos. Lo que emerge de este expediente no es solo un presunto fraude procesal aislado: es la imagen de un aparato estatal —el de Pdvsa y el régimen que lo controla— dispuesto a instrumentalizar tribunales extranjeros para silenciar a quienes podrían testificar sobre el saqueo de la empresa más importante de Venezuela. Que un bufete con el perfil internacional de Ilocad SL haya quedado en el centro de esa operación —y que ahora se deslinde atribuyendo los documentos a terceros— es una señal de alarma para cualquier sistema judicial que aspire a no convertirse en herramienta de gobiernos autoritarios.
El dato importa más que el ruido: si los indicios de manipulación se confirman, el daño no recae solo sobre los exdirectivos querellados, sino sobre la credibilidad del propio proceso penal. La historia sugiere cautela respecto a las querellas que nacen en palacios de gobierno y aterrizan en juzgados democráticos.
