El juez federal Timothy Kelly ordenó este jueves a la Casa Blanca levantar el veto a tres medios de comunicación y exigió explicaciones en las próximas horas por el incumplimiento de la orden.
Kelly dio un ultimátum a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que explique por qué se sigue impidiendo el acceso de CNN, MS NOW y Politico al recinto. Según el reportero de Politico Kyle Cheney, el magistrado fijó como plazo hasta las 12:30, hora local, 18.30 GMT, para recibir esas explicaciones después de que los medios denunciaran restricciones de acceso a parte de su personal.
El juez había ordenado a primera hora del jueves restablecer de inmediato las acreditaciones de prensa de los profesionales afectados. Aun así, los tres medios no pudieron acceder a la Casa Blanca hoy cuando el presidente de EE.UU. recibía a su homólogo chino, Xi Jinping, en visita oficial al país.
El dato importa más que el ruido. Cuando un tribunal ordena restituir el acceso de la prensa y la Casa Blanca mantiene restricciones, no está en juego solo una disputa administrativa: lo que se mide es la disciplina institucional del poder ejecutivo frente a los contrapesos.
Conviene mirar los incentivos. Limitar el acceso a medios concretos puede ofrecer rédito político de corto plazo, pero erosiona la credibilidad de las reglas que sostienen el orden institucional. Para una presidencia que busca proyectar autoridad, el costo puede terminar siendo mayor que el beneficio inmediato.
También hay un principio más simple en juego: si el acceso al recinto presidencial depende de criterios discrecionales y no de normas aplicadas con consistencia, la libertad de prensa queda expuesta a la arbitrariedad. En una democracia funcional, eso no fortalece al Estado; lo debilita. Y cuando el Estado debilita sus propios contrapesos, el precio lo pagan las instituciones y, al final, el ciudadano.
