Un juez federal de Brooklyn reprendió públicamente al Departamento de Justicia esta semana por solicitar una condena superior a la que correspondía en el caso de Dan Sohail, el hombre de 36 años que embistió con su automóvil cinco veces contra la sede central del movimiento jasídico Chabad-Lubavitch, en Crown Heights, en enero pasado.
El juez Eric Vitaliano, designado por el presidente George W. Bush, sentenció a Sohail a tiempo cumplido más siete días, lo que significa que el acusado quedará en libertad en el transcurso de la próxima semana. Sohail ya había pasado más de seis meses en prisión preventiva desde su arresto el 28 de enero.
La colisión contra el templo ubicado en 770 Eastern Parkway derribó la puerta del edificio y causó daños materiales por 19.000 dólares, monto que Sohail deberá restituir. También se le ordenó asistir a terapia por trastorno de estrés postraumático y un trastorno de personalidad.
El punto de fricción fue la solicitud de la Fiscalía Federal de Brooklyn, que pedía una condena de 14 meses argumentando que la pena serviría como disuasivo frente a crímenes antisemitas. Vitaliano rechazó ese razonamiento con dureza.
«Un delito de propiedad es lo que se imputó aquí. No un crimen de odio», declaró el juez durante la audiencia de sentencia, según reportó el New York Daily News. Las guías federales de sentencia para un delito de propiedad en primera instancia establecen alrededor de seis meses de prisión, precisamente lo que Sohail ya cumplió.
Vitaliano acusó a la Fiscalía de haber cedido ante la «incomprensión popular» sobre las motivaciones del acusado, y calificó la solicitud de pena mayor como «perturbadora a un nivel profundo», en contradicción con la misión declarada del DOJ de actuar «sin miedo ni favoritismo».
El propio perfil del acusado complica cualquier lectura directa del episodio como crimen de odio motivado ideológicamente. Sohail, residente de Carteret, Nueva Jersey, había asistido a eventos dentro de la sinagoga esa misma noche —un video en redes sociales lo muestra bailando con kipá— y declaró a la policía tras su arresto que había descubierto recientemente sus raíces judías. Su defensora pública, Mia Eisner, señaló en la audiencia que «es imposible conciliar lo que hizo con lo que cree». Sohail se declaró culpable del cargo federal de daño intencional a propiedad religiosa; un cargo estatal por crimen de odio fue desestimado tras ese acuerdo.
El caso ilustra una tensión que conviene examinar con cuidado. La presión política y mediática para encuadrar ciertos incidentes como crímenes de odio puede llevar a los fiscales a sobrepasarse en sus peticiones, distorsionando el principio básico de que la pena debe corresponder al cargo probado, no al estado de ánimo de la opinión pública. Cuando el aparato de justicia ajusta sus requerimientos a la narrativa del momento —y no a los hechos del expediente—, es el propio Estado de derecho el que sale debilitado.
El juez Vitaliano hizo exactamente lo que se espera de un magistrado independiente: leer el cargo, aplicar la norma y resistir la presión. Eso no debería ser excepcional. El dato importa más que el ruido.
