El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela abre un nuevo ciclo de renovación, pero la lista de candidatos levanta más preguntas que certezas. Tras revisar los 561 postulados, Transparencia Venezuela publicó un informe en el que cuestiona la idoneidad de varios perfiles, en un proceso que, según la organización, se incorporará a las conversaciones que arrancan este sábado entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el Parlamento oficialista.
Entre los nombres señalados figura el magistrado emérito Juan José Mendoza, integrante de la Sala Constitucional entre 2010 y 2022, a quien la ONG atribuye vínculos cercanos con Nicolás Maduro y Cilia Flores. También aparece Marjorie Calderón, conocida por integrar el grupo de «magistrados exprés» designados por la Asamblea Nacional de 2014 —de mayoría oficialista— en los días previos a que la oposición ganara las elecciones parlamentarias.
La lista incluye asimismo a Aime Nogal Méndez, rectora del Consejo Nacional Electoral que respaldó los resultados de los comicios presidenciales de 2024, a pesar de que, según Transparencia Venezuela, no existían actas ni informes del ente rector que certificaran el triunfo de Maduro.
El componente militar resulta igualmente llamativo. El mayor general Jesús Emilio Vásquez Quintero, titular de la Corte Marcial entre 2021 y 2024, figura entre los aspirantes; la ONG señala que emitió acciones judiciales contra civiles vinculados a las protestas de 2017. El capitán de navío Ramón Clemente Pires, quien estuvo al frente del caso del exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel, también integra la nómina.
Transparencia Venezuela identificó además a exjueces y exfiscales sancionados por gobiernos extranjeros o removidos en medio de cuestionamientos: Katherine Harrington, vinculada sentimentalmente al ministro de Defensa Gustavo González López; Zinnia Briceño Monasterios, acusada de coaccionar a jueces en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni; Gilberto Landaeta, destituido de la investigación del asesinato del fiscal Danilo Anderson; y Dinorah Bustamante, quien imputó a los dirigentes opositores Juan Requesens y Roberto Marrero tras el presunto atentado con drones contra Maduro.
La organización también alertó sobre la presencia de al menos dos familiares del diputado Pedro Carreño: su hermano, Julio Ramón Carreño Escobar, y su sobrina, la diputada Carolina García Carreño. A ello se suma la postulación del abogado Luis Ortiz Hernández, quien en 2016 denunció haber sido obligado a jubilarse para facilitar nuevos nombramientos en el TSJ.
La constitución venezolana exige de los magistrados reconocida honorabilidad, competencia jurídica, al menos 15 años de ejercicio de la abogacía o posgrado en derecho, y prohíbe expresamente la afiliación a partidos políticos o el proselitismo en el ejercicio de sus funciones. Transparencia Venezuela advierte que varios postulados no superan ese umbral.
Conviene mirar los incentivos. Un poder judicial copado por exfuncionarios del aparato estatal, rectores electorales que avalaron resultados sin actas y militares que procesaron a manifestantes civiles no es una reforma judicial: es la institucionalización del control político con toga. La renovación del TSJ venezolano podría convertirse en un instrumento negociador en la mesa de diálogo, pero Transparencia Venezuela es clara en su posición: la reestructuración del alto tribunal debe recaer en una Asamblea Nacional electa en comicios libres, transparentes y justos. Mientras esa condición no se cumpla, el debate sobre perfiles individuales seguirá siendo secundario frente al problema estructural que lo origina.
