Hace casi dos años, el rey Abdalá de Jordania le dijo al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, que su país no sería un «campo de batalla para conflictos regionales». Hoy Jordania está exactamente en ese lugar: Irán lanzó al menos 262 misiles y drones contra el reino solo en el primer mes de la guerra, según la fuente. La promesa no sobrevivió a la geografía.
El dilema jordano es estructural. Miles de soldados estadounidenses están desplegados en bases aéreas como Muwaffaq Salti, vitales para la campaña de Trump contra Irán. Alojarlos convierte al reino en objetivo militar y en blanco de presión interna: cientos de políticos y oficiales retirados firmaron una carta abierta exigiendo la retirada de las tropas. El rey no puede ceder. El año pasado Jordania recibió más de 1.600 millones de dólares en ayuda estadounidense —el 3% del PIB—, y este mes Washington prometió otros 355 millones adicionales para infraestructura, educación y proyectos varios.
La dependencia tiene costos visibles. Los ataques con misiles provocaron cancelaciones de vuelos y ahuyentaron turistas; los ingresos por turismo cayeron casi un 10% en los primeros cuatro meses de 2026 frente al mismo período de 2025. Jordania depende del gas natural israelí para producir aproximadamente la mitad de su electricidad. Israel suspendió las exportaciones al inicio de la guerra por temor a ataques iraníes contra sus plataformas; la compañía eléctrica estatal tuvo que recurrir a diésel, fuelóleo pesado y cargamentos puntuales de gas natural licuado, todos más caros. Aunque las exportaciones se reanudaron en abril, el FMI prevé que la factura de importación de energía de Jordania cierre el año un 36% por encima de la de 2025.
Irán ha intentado explotar esa tensión. Mientras la Guardia Revolucionaria Islámica lanza misiles, publica mensajes afirmando que no siente hostilidad hacia el pueblo jordano y que es Estados Unidos, no Irán, quien viola su integridad territorial. El argumento tiene límites —muchos jordanos consideran a Irán una amenaza—, pero el gobierno enfrenta un descontento interno que la guerra agrava.
Egipto presenta un cuadro diferente en lo económico, pero más preocupante en lo estratégico. El FMI acaba de desbloquear el último tramo de 1.800 millones de dólares de un acuerdo de préstamo a cuatro años; se prevé un crecimiento del 4,6% este año. Más de 9 millones de personas visitaron el país en el primer semestre de 2026, un 3% más que en el mismo período de 2025. Los ingresos del canal de Suez aumentaron un 30%, de 1.800 millones a 2.400 millones de dólares, durante el primer semestre. Las remesas alcanzaron un máximo histórico en el año que finalizó en junio.
Sin embargo, ambas cifras podrían ser indicadores rezagados. Los ataques respaldados por Irán en el Mar Rojo amenazan el tráfico del canal; una recesión prolongada en el Golfo reduciría las remesas de los egipcios que trabajan allí. Mientras tanto, el gobierno ya aumentó algunas tarifas de electricidad un 12%.
Lo más revelador es el declive de estatus. Tras el 7 de octubre de 2023, el presidente Sisi era figura imprescindible: el exsecretario de Estado Blinken visitó Egipto siete veces en el año posterior a la masacre, más que ningún otro país salvo Israel. Las negociaciones finales para el alto el fuego en Gaza tuvieron lugar en Sharm el-Sheikh en octubre de 2025. En la guerra con Irán, Egipto ha sido eclipsado como mediador por Pakistán, Turquía y los estados del Golfo. El ejército más grande del mundo árabe no ha desempeñado un papel relevante en la defensa regional.
Conviene mirar los incentivos. Jordania ilustra el costo de ser aliado dependiente cuando el patrocinador está en guerra: la ayuda llega, pero también los misiles. Egipto ilustra otro riesgo distinto: el de un socio que preserva su estabilidad interna a costa de su relevancia exterior. Para Washington, ambos escenarios son señales de alerta. Un orden regional que descansa sobre aliados debilitados —uno por la presión económica, otro por la parálisis estratégica— es un orden que exige revisión, no solo financiamiento.
