La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a doce máximos responsables —nueve antiguos oficiales del Ejército, dos de la Policía y un exfuncionario de seguridad de Ecopetrol— por su papel en la alianza que facilitó la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000. Es la primera vez que se imputa penalmente a miembros de la fuerza pública por crímenes que consolidaron esa incursión.
La decisión corresponde al primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 08, que investiga crímenes de agentes estatales cometidos en asociación con el paramilitarismo. Según el auto, los imputados consolidaron una coalición con el Bloque Central Bolívar y las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC), con el objetivo declarado de expulsar a la guerrilla, catalogada como «enemigo común».
La magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento, sostuvo que «la toma paramilitar de Barrancabermeja no fue una guerra entre bandos: fue la ejecución sistemática de un plan para borrar a quienes fueron señalados como el enemigo». Bajo esa lógica, la persecución se dirigió contra habitantes de barrios orientales, la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos).
El impacto fue inmediato: solo en 1998, los hechos violentos atribuidos a agentes del Estado en Barrancabermeja se dispararon más de 1.309%, de 22 a 310 en un año, según el auto judicial. Entre el 8 de enero de 1998 y el 29 de diciembre de 2000, al menos 431 personas fueron asesinadas y 85 desaparecidas forzadamente. La sala documentó 14 masacres, con la del 16 de mayo de 1998 como acto inicial de la estrategia.
Nueve de los imputados —entre ellos José Domingo García García, Juvenal Ovidio Brugés Palmera y José Eduardo González Sánchez— fueron llamados a reconocer coautoría por homicidio, exterminio, desaparición forzada y persecución contra la USO y Credhos. Otros tres, los brigadieres generales retirados Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva, fueron imputados por responsabilidad por omisión: la JEP concluyó que, por sus funciones y recursos, tenían capacidad de prevenir los crímenes y no lo hicieron.
Un elemento señalado por la JEP fue el papel de González Sánchez, entonces segundo al mando del área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, descrito como «actor bisagra» entre los intereses corporativos, sus antiguos colegas militares y los comandantes paramilitares. El propio González Sánchez reconoció ante la JEP que, mientras laboraba para la petrolera estatal, recibía pagos periódicos en efectivo de los comandantes paramilitares «Camilo Morantes» y «Panadero».
El auto también documenta que ocho días antes de la masacre de mayo de 1998, el entonces presidente de la USO alertó al comandante de la Quinta Brigada, Fernando Millán, sobre un posible ataque, sin que se tomaran medidas. Durante esa incursión, cerca de 50 hombres armados asesinaron a siete civiles y secuestraron a otras 25 personas, torturadas y desaparecidas.
El caso ilustra un riesgo que trasciende lo judicial: cuando el aparato de seguridad de una empresa estatal como Ecopetrol queda infiltrado por intereses criminales, el daño no es solo humano, sino institucional. La captura de funciones de seguridad —públicas o corporativas— por actores armados erosiona la confianza que sostiene la inversión y el Estado de derecho en regiones con recursos estratégicos.
Conviene mirar los incentivos. Que la JEP impute por primera vez a la fuerza pública, y no solo a mandos paramilitares, envía una señal sobre los límites de la impunidad institucional. El dato importa más que el ruido: 431 muertos y 85 desaparecidos en dos años no son una estadística de guerra irregular, sino el resultado documentado de una alianza deliberada entre agentes del Estado, un directivo de seguridad de una petrolera pública y estructuras criminales.
