Los perros en Japón viven, en promedio, 14,3 años, según datos de la Japan Pet Food Association. Los gatos alcanzan los 15,6 años. Ambas cifras superan los promedios internacionales, que sitúan la esperanza de vida canina entre 10 y 13 años y la felina entre 12 y 14 años.
Los expertos consultados por medios especializados coinciden en que esa ventaja no obedece a factores genéticos. La explicación es otra: una red extensa de clínicas veterinarias especializadas donde la medicina preventiva es parte central del cuidado, regulaciones que garantizan dietas balanceadas adaptadas a cada etapa de vida, esterilización ampliamente extendida y el hábito de mantener a las mascotas dentro del hogar, lejos de los riesgos del exterior.
En Colombia el cuadro es distinto. Muchos perros no cuentan con vacunación completa, desparasitación periódica ni controles veterinarios regulares. Los diagnósticos tempranos de enfermedades —especialmente en la etapa adulta y de vejez— siguen siendo excepcionales antes que norma. Los factores que limitan la longevidad canina en el país incluyen alimentación de baja calidad por los altos costos de productos especializados, el abandono y la presencia de animales en situación de calle, donde enfrentan enfermedades, accidentes y maltrato.
Existen iniciativas de esterilización impulsadas por entidades y fundaciones, así como algunos programas públicos, pero los expertos señalan que se necesitan más jornadas gratuitas y permanentes, especialmente en zonas rurales y municipios pequeños.
El caso japonés ha sido descrito como un ejemplo de cómo la combinación de políticas públicas, responsabilidad ciudadana y acceso médico puede mejorar de forma significativa la calidad y la esperanza de vida de los animales de compañía.
Conviene mirar los incentivos. La longevidad canina en Japón no es un accidente cultural: es el resultado de un entorno donde el acceso a servicios veterinarios está extendido, la regulación alimentaria funciona y el ciudadano asume costos reales de cuidado. Ese modelo no requiere un Estado más grande; requiere uno más eficaz en garantizar estándares mínimos y en reducir las barreras que hoy convierten la atención veterinaria preventiva en un privilegio de pocos.
Para Colombia, el desafío no es ideológico sino práctico: ampliar cobertura veterinaria, sostener programas de esterilización con continuidad —no como jornadas esporádicas— y abatir los costos que alejan a propietarios de ingresos medios y bajos de una atención adecuada. El bienestar animal, cuando se aborda con seriedad institucional, también refleja la solidez del tejido social y la capacidad del Estado de cumplir funciones básicas sin reemplazar la responsabilidad individual.
