El gobierno italiano de Giorgia Meloni ha suspendido la aplicación del Acuerdo Schengen en su frontera con España, pero únicamente para personas no europeas. La medida, justificada oficialmente como una acción para «salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones», restablece controles fronterizos que el espacio Schengen había suprimido entre sus 29 países miembros.
Según reportes de medios internacionales como Swissinfo y Euronews, la decisión fue matizada tras su anuncio inicial: la suspensión no se aplica a ciudadanos de la Unión Europea ni del espacio Schengen, sino exclusivamente a quienes provengan de terceros países. Eso significa que un ciudadano español cruza sin inconvenientes, mientras que un migrante peruano, marroquí o latinoamericano residente en España queda sujeto a controles para determinar si se le permite la entrada a Italia.
El Ministerio del Interior español ha recordado que el Acuerdo Schengen es el convenio por el cual varios países europeos decidieron suprimir sus controles en fronteras interiores y concentrarlos en los límites exteriores del bloque. Su propósito original era garantizar un espacio de libre tránsito que, entre otros efectos, impulsaba el turismo entre los países signatarios.
La suspensión tiene un alcance geográfico preciso: aplica únicamente al paso de personas desde España hacia Italia, no desde otros países del espacio Schengen hacia Italia, ni desde España hacia otros destinos del bloque. Los controles fronterizos, según se ha informado, ya habrían comenzado a aplicarse.
Entre los colectivos más expuestos figura la comunidad peruana en España, que según cifras citadas en la fuente ronda los 260 mil personas. Hasta ahora, esos migrantes podían desplazarse libremente de España a Italia sin someterse a ningún control de frontera; esa facilidad queda suspendida de forma indefinida.
No se ha precisado aún si la medida incorporará requisitos adicionales más allá del control fronterizo, ni cuál será el criterio concreto para autorizar o denegar el ingreso a quienes sean detenidos en la frontera.
La lectura que importa. La decisión de Roma es, ante todo, un ejercicio de soberanía: un Estado que decide quién entra a su territorio y bajo qué condiciones, prerrogativa que el esquema Schengen había delegado, en la práctica, a una gestión colectiva de fronteras exteriores. Que Italia haya optado por restablecer ese control de forma selectiva —solo hacia quienes vienen de España y solo para no europeos— revela una tensión estructural del bloque: la libre circulación interna funciona mientras los países miembros confían mutuamente en sus controles externos. Cuando esa confianza se erosiona, los eslabones más débiles de la cadena son siempre los migrantes de terceros países, que no votan ni en Roma ni en Madrid.
Conviene mirar los incentivos. Para los gobiernos de derecha en Europa, visibilizar el control fronterizo tiene un rédito político interno inmediato. El costo lo asumen quienes menos poder de negociación tienen: trabajadores y familias que construyeron su vida en España y que ahora enfrentan una incertidumbre nueva cada vez que planean cruzar una frontera que, hasta ayer, era invisible.
