El Consejo de Ministros de Italia aprobó este jueves un proyecto de ley que modifica las normas de imputabilidad para menores de entre 14 y 17 años, con el objetivo declarado de combatir la criminalidad juvenil. La reforma no reduce la edad mínima de responsabilidad penal, que se mantiene en 14 años, pero sí altera el mecanismo de evaluación judicial.
Hasta ahora, el juez debía verificar, caso por caso, la capacidad de comprensión y decisión del menor en el momento del delito. La nueva ley introduce una presunción refutable de responsabilidad penal: se considerará que el menor, en general, es capaz de comprender el significado de sus actos, salvo prueba en contrario. El proyecto deberá ser aprobado por el Parlamento para entrar en vigor.
La primera ministra Giorgia Meloni defendió la medida en un vídeo publicado en sus redes sociales. «Quienes cometen errores deben rendir cuentas por sus actos. Incluso si son menores de edad (...) Quienes agreden, roban o causan daños deben pagar siempre. Incluso si tienen 15 o 16 años», afirmó. Meloni precisó que la norma apunta principalmente a quienes «se creen intocables y explotan a menores como mano de obra para sus propios negocios».
El gobierno italiano ya había actuado sobre este frente. El decreto de seguridad aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de febrero, que recibió la aprobación definitiva de la Cámara de Diputados en abril, introdujo entre otras medidas penas de prisión de entre seis meses y tres años para quien lleve un cuchillo de al menos 8 centímetros fuera de su domicilio sin motivo justificado. El nuevo proyecto de ley se enmarca en la misma estrategia contra las bandas juveniles conocidas como «Maranza».
Las críticas no tardaron en llegar. El presidente de Unicef Italia, Nicola Graziano, expresó su «gran preocupación» y señaló que cualquier medida relacionada con menores debe priorizar su bienestar y desarrollo, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño. La organización recordó que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha defendido que la responsabilidad penal de los adolescentes debe determinarse mediante una evaluación individual de su madurez psicológica y emocional. Unicef Italia también advirtió que la delincuencia juvenil está relacionada con factores como el abandono escolar, la falta de espacios deportivos y culturales, y la ausencia de redes familiares de apoyo.
Los opositores al gobierno consideran que la estrategia oficial prioriza el endurecimiento de penas como respuesta a problemas de origen social.
El dato importa más que el ruido. Lo que Roma pone sobre la mesa no es un experimento ideológico sino una respuesta a una demanda ciudadana concreta: que el Estado sea capaz de garantizar orden en las calles, incluso cuando los perpetradores son menores instrumentalizados por redes criminales adultas. Invertir la carga de la prueba no equivale a suprimir garantías; equivale a reconocer que la presunción de incapacidad automática puede convertirse en un escudo para quienes organizan la violencia desde fuera.
Conviene mirar los incentivos. Un sistema que exige al Estado demostrar, caso por caso, que un adolescente de 16 años sabía lo que hacía al agredir o robar, genera exactamente el arbitraje que las organizaciones criminales explotan: reclutar menores precisamente porque el umbral de imputación es más alto. La reforma de Meloni no cierra ese debate, pero lo coloca donde corresponde: en el Parlamento, con nombre y apellido, sometida al escrutinio democrático.
