La justicia italiana cerró esta semana un caso que lleva tres años dividiendo al país. La Cámara de Casación ratificó la condena a 14 años de prisión contra Mario Roggero, joyero de 72 años que en abril de 2021 mató a tiros a dos ladrones mientras huían tras asaltar su tienda en Grinzane Cavour, provincia de Cuneo.
Los hechos no están en disputa: tres delincuentes, armados con un cuchillo y un arma falsa, irrumpieron en el local, amenazaron y ataron a los familiares de Roggero y robaron la recaudación del día. Cuando los asaltantes salían e intentaban escapar en automóvil, el joyero los persiguió con su pistola —de tenencia legal— y disparó, matando a dos de ellos. Las filmaciones incorporadas al expediente mostraron a Roggero disparando por la espalda a quienes ya estaban en fuga.
La justicia descartó la legítima defensa en todas las instancias. Consideró que, al momento de los disparos, el peligro había cesado y que hubo exceso. La condena inicial fue de 17 años; en apelación se redujo a 14. La Casación la ratificó y fijó además una indemnización de 480.000 euros para los familiares de las víctimas.
El fallo encendió una tormenta política de proporciones inesperadas. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, anunció sorpresivamente que había iniciado trámites para conceder un indulto a Roggero, con el respaldo de la coalición de Meloni. El presidente Sergio Mattarella convocó de inmediato a Nordio para recordarle que, según la Constitución italiana, la facultad de conceder el perdón es exclusiva del jefe de Estado.
Desde la Liga, el vicepremier Matteo Salvini organizó una recolección de firmas para reclamar la gracia presidencial y se mostró dispuesto a promover la candidatura de Roggero a legislador. «Después de toda una vida de trabajo, irse a la cárcel a los 72 años, después de haber sido agredido y asaltado, no creo que sea justo», declaró, según recoge la fuente. El también vicepremier Antonio Tajani, de Forza Italia, señaló que «se debería explorar toda posibilidad para asegurar que regrese a casa». El ministro de Defensa, Guido Crosetto, calificó lo ocurrido de «injusto, incomprensible y difícil de aceptar».
La propia Meloni intervino el viernes sin mencionar directamente al joyero, evitando irritar en exceso a Mattarella. «Me agredís. Me defiendo. ¿Y yo debería indemnizarte? No es justo», escribió en redes sociales, recordando que un decreto reciente de su gobierno introdujo una norma que impide a quien sufre daños cometiendo un delito reclamar resarcimiento.
El fenómeno desbordó la política: en menos de 24 horas, los seguidores de Roggero en Instagram pasaron de 60.000 a 148.000. Tres peticiones en Change.org acumularon más de 265.000 firmas. El príncipe Emanuele Filiberto de Saboya escribió que la sentencia «parece a muchos italianos ajena al sentido común de la justicia».
Conviene mirar los incentivos que este fallo pone en circulación. Una condena técnicamente fundada —los disparos se produjeron cuando la amenaza había cesado— genera, paradójicamente, una indemnización millonaria para los familiares de quienes acababan de asaltar y atar a una familia. El resultado es políticamente explosivo: el Estado le dice al ciudadano que se defienda, pero le cobra la factura si se pasa un segundo de la línea que los jueces trazarán después. Ese desequilibrio de incentivos, más que cualquier discurso, explica por qué 265.000 personas firmaron en pocas horas.
El dato importa más que el ruido. El choque entre Nordio y Mattarella revela algo más profundo que una disputa de competencias: el gobierno de Meloni necesita demostrar que el Estado está del lado de quien trabaja y paga impuestos, no de quien roba. La historia sugiere cautela ante cualquier reforma que elimine por completo el concepto de exceso en la defensa propia; pero también ante un sistema que convierte al agredido en deudor de sus agresores.
