El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia activó el 8 de agosto de 2026 un dispositivo especial de asistencia consular tras el restablecimiento, por parte del Gobierno español, de controles en las fronteras internas para viajeros procedentes de Italia. En su comunicado oficial, Roma calificó la medida de «represalia del Gobierno de Sánchez».
El dispositivo incluye un canal específico de WhatsApp denominado «Unidad de Crisis - España», una sala operativa disponible las 24 horas en el número +39 06 36225 y los teléfonos de emergencia de los consulados italianos en Madrid, Barcelona y del viceconsulado en Tenerife.
Los controles españoles entraron en vigor a las 00.00 horas del sábado 8 de agosto de 2026. La medida implica la comprobación de identidad y nacionalidad mediante pasaporte; para ciudadanos de terceros países, incluye además la revisión de visados o permisos de residencia. Un centenar de agentes de la Policía Nacional realiza las verificaciones «a puerta de avión», revisando de forma aleatoria entre el 5 % y el 10 % de los pasajeros —una media de 15 a 25 personas por vuelo—, eximiendo a nacionales de la Unión Europea de inspección salvo que existan dudas.
Además de Madrid y Barcelona, donde los controles ya estaban activos desde medianoche, el Ministerio del Interior extendió la medida a los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. En las horas siguientes se prevé su aplicación en Baleares y Canarias. Los controles afectan principalmente a vuelos desde Roma, Milán, Nápoles, Venecia y Florencia. En los puertos, se esperaba la llegada de un crucero italiano a Barcelona con controles aleatorios.
Fuentes oficiales españolas justificaron la decisión por «la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino». Sin embargo, la fuente consultada señala que la medida responde también a las restricciones que Italia aplicó previamente a viajeros españoles, adoptadas tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta. Según la misma fuente, cuando España amenazó con aplicar controles, el Ejecutivo italiano respondió que «no acepta ultimátums» y que mantendría su medida. El ministro Fernando Grande-Marlaska comunicó a las autoridades europeas que los controles españoles estarán activos hasta el 7 de septiembre, con posibilidad de ajuste según la evolución.
El ministro Grande-Marlaska cifró el plazo máximo en treinta días, pero la arquitectura del conflicto sugiere que el calendario real lo dictarán las capitales, no Bruselas.
Conviene mirar los incentivos. Dos gobiernos de tradición socialdemócrata se acusan mutuamente de unilateralismo mientras el espacio Schengen —uno de los activos más tangibles de la integración europea para ciudadanos y empresas— queda en suspenso entre sus cuarta y quinta economías. El coste lo pagan los viajeros, las aerolíneas y los operadores turísticos; el beneficio político, si lo hay, es difuso. La historia sugiere cautela: cada vez que un Estado miembro normaliza la suspensión de la libre circulación por razones de presión interna, el umbral para el siguiente se reduce. El dato importa más que el ruido diplomático.
