El doble terremoto que sacudió la costa central venezolana el pasado 24 de junio abrió un canal de cooperación que pocas capitales habrían anticipado: Israel y Venezuela, sin relaciones diplomáticas desde hace diecisiete años, coordinan hoy una misión técnica conjunta para evaluar el parque edilicio afectado.
El embajador Yoed Magen encabeza la delegación enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. El equipo integra especialistas de la Cancillería israelí y del Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel, una unidad entrenada para responder a terremotos, colapsos estructurales y emergencias de distinta naturaleza, tanto en territorio israelí como en operaciones internacionales de ayuda humanitaria.
El instrumento central de la misión es un sistema de evaluación estructural basado en colores. Tras inspeccionar columnas, vigas, losas y demás elementos de cada inmueble, los ingenieros asignan una categoría que determina el destino del edificio. «El color rojo significa que el edificio debe ser demolido porque ya no es recuperable; el amarillo indica que puede rehabilitarse, aunque requiere un trabajo importante; y el verde corresponde a edificios que sufrieron daños, pero que pueden volver a utilizarse casi de inmediato», explicó Magen.
La metodología no es nueva para Israel. El Comando del Frente Interno ha desplegado protocolos similares en emergencias internacionales anteriores, y la sistematización del proceso —inspección estandarizada, clasificación visible, criterio técnico sobre criterio político— es precisamente lo que lo hace exportable a contextos de institucionalidad frágil.
La fase de evaluación estructural es, en cualquier desastre, una de las más sensibles. Una clasificación apresurada o políticamente condicionada puede devolver familias a edificios inseguros o, en sentido contrario, dejar a miles de personas fuera de sus hogares sin necesidad real. La presencia de especialistas externos con protocolos verificables reduce ese margen de error y, en teoría, sustrae la decisión técnica del ruido político.
Conviene mirar los incentivos. Para Israel, la misión tiene un valor diplomático claro: demostrar capacidad de proyección humanitaria en una región donde su presencia es escasa y su imagen, complicada. Para Venezuela, aceptar la asistencia implica reconocer, al menos en los hechos, que la capacidad técnica propia resulta insuficiente ante la magnitud del evento.
El dato importa más que el ruido. Que un gobierno que ha hecho de la retórica antioccidental una seña de identidad admita ingenieros israelíes en sus zonas de emergencia dice más sobre el estado real de las instituciones venezolanas que cualquier declaración oficial. La tragedia expone lo que la política suele encubrir: la brecha entre el aparato estatal proclamado y la capacidad técnica efectiva.
Lo que está en juego, en última instancia, es el derecho de miles de familias venezolanas a saber si su hogar es seguro. Ese principio —información veraz, criterio técnico, transparencia— es exactamente el tipo de bien público que los Estados funcionales proveen y que Venezuela lleva años sin garantizar por sus propios medios. La cooperación israelí no resuelve esa brecha estructural, pero sí ofrece, por ahora, una respuesta concreta a quienes esperan frente a un edificio marcado con tiza.
