La Knesset israelí aprobó este viernes su propia disolución mediante un proyecto de financiación de partidos que incluía una cláusula específica para ese fin, con vistas a las elecciones generales fijadas para el 27 de octubre. La votación arrojó 62 votos a favor y ninguno en contra, según el comunicado oficial del Parlamento.
Con la disolución, el legislativo entra en receso y no volverá a reunirse hasta que tome posesión el próximo parlamento. En la misma sesión se aprobaron otras piezas legislativas de calado: reducción de las competencias del fiscal general, suspensión del arresto de ultraortodoxos que eviten el reclutamiento militar y ampliación de la supervisión gubernamental sobre los medios de comunicación.
El presidente de la Knesset, Amir Ohana, calificó el mandato que concluye como «el más desafiante en la historia de la Knesset», marcado por «protestas de diversos tipos y la guerra más larga y más difícil en la historia del Estado». En su mensaje de cierre, Ohana expresó el deseo de que los próximos parlamentarios «generen más bien» y recordó que los legisladores son «socios, aunque rivales, y todos miembros de una misma nación».
El propio Parlamento publicó en redes sociales un balance de su mandato de cuatro años —el primero completado en 38 años— en el que subrayó que «funcionó en los momentos más difíciles que ha conocido la sociedad israelí», en referencia directa a los ataques del 7 de octubre de 2023 y la guerra en Oriente Próximo.
El primer ministro Benjamin Netanyahu aspira a renovar su mandato, aunque los sondeos apuntan a un descenso de su popularidad y la de su Ejecutivo, encabezado por el Likud y respaldado por partidos ultraortodoxos que han tenido un peso creciente en las decisiones políticas del país.
Las medidas aprobadas en la sesión final merecen atención particular. La reducción de competencias del fiscal general y el aumento de la supervisión estatal sobre los medios son reformas que concentran poder en el Ejecutivo en un momento en que el país enfrenta simultáneamente una guerra prolongada y una campaña electoral. La historia sugiere cautela: las instituciones de control —fiscalía independiente, prensa libre— no son ornamentos burocráticos sino cortafuegos frente al abuso del aparato estatal, especialmente en contextos bélicos donde la presión por la unidad puede convertirse en pretexto para silenciar la disidencia legítima.
Conviene mirar los incentivos. Netanyahu enfrenta un electorado desgastado por la guerra y dividido por el peso creciente de los partidos ultraortodoxos en la coalición. Las reformas aprobadas en la recta final de la legislatura refuerzan su posición institucional de cara a la campaña, pero también elevan el costo político si los votantes las interpretan como blindaje personal antes que como reforma del Estado. El 27 de octubre dirá si Israel premia la gestión de la crisis o exige un cambio de rumbo.
