Nicolás Khamis, chileno de 32 años y ascendencia palestina, fue deportado de Israel el 28 de julio después de que el Servicio Nacional de Migración le negara el ingreso por motivos de seguridad. Khamis había viajado desde Ámsterdam hacia Tel Aviv con el propósito de visitar Beit Jala, en Cisjordania, donde residen familiares suyos.
El viajero contaba con la visa obligatoria, una carta de invitación de un abogado israelí y pasaje de retorno a Chile. No era su primera visita a la región. Al llegar al aeropuerto Ben-Gurion, una máquina imprimió su visa con autorización de permanencia por tres meses; sin embargo, en la caseta de control fue derivado a una sala de espera para interrogatorio.
Según relató Khamis a La Tercera, los oficiales le preguntaron reiteradamente el nombre de su abuelo, su religión, los países árabes que había visitado —entre ellos Siria, en 2010— y su opinión sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Ante esa última pregunta, Khamis declaró que consideraba la respuesta israelí posterior «desproporcionada» y que deseaba la paz para todos. Los interrogadores también le preguntaron si sabía quién era Hamás.
Tras esos intercambios, los oficiales solicitaron su teléfono. Revisaron los números con código de Israel y luego accedieron a su perfil de Instagram. Encontraron, según el propio Khamis, una fotografía de una bandera palestina tomada en Madrid, un video que cuestionaba si Israel reconocería «el genocidio palestino», una imagen de una lata de cerveza del Club Palestino y un afiche de un bingo de la Unión de Beneficencia Árabe. Concluida esa revisión, un segundo oficial le comunicó que no podía ingresar al país. Los motivos consignados fueron de seguridad; Khamis no firmó la declaración que le presentaron.
Desde las 35 horas que permaneció en el aeropuerto hasta su vuelo de regreso, Khamis denunció condiciones precarias: comida fría e imposibilidad de dormir. Durante ese período recibió la visita del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, y su equipo consular.
La Embajada de Israel en Chile respondió en X que el país «tiene el derecho soberano de decidir sobre el ingreso al territorio nacional de ciudadanos extranjeros, de manera de prevenir actos de carácter injerencista, provocativo o que afecten la seguridad nacional». Por su parte, la Embajada de Palestina en Chile calificó el caso como parte de «una práctica sistemática que afecta a ciudadanos chilenos de origen árabe», quienes, según el comunicado, son sometidos a «prohibiciones de ingreso, interrogatorios, tratos vejatorios y situaciones humillantes en pasos fronterizos controlados por Israel».
Conviene mirar los incentivos. Israel ejerce aquí una prerrogativa que ningún Estado serio renuncia: el control soberano de sus fronteras, especialmente en un contexto de conflicto activo. Que un viajero con opiniones públicas críticas y vínculos con redes de solidaridad palestina sea sometido a escrutinio intensivo no es, en sí mismo, una anomalía jurídica; es política migratoria. La pregunta relevante no es si Israel puede hacerlo —puede, y lo hace con respaldo legal—, sino si el procedimiento fue proporcional y si el trato durante las 35 horas de retención cumplió estándares mínimos de dignidad. Eso es lo que corresponde a la Cancillería chilena verificar y, de ser el caso, reclamar por los canales diplomáticos que ya activó con la visita del embajador Zaliasnik. El dato importa más que el ruido: Khamis viajaba como turista, no como agente, y la evidencia que motivó su deportación fue, según su propio relato, contenido de redes sociales de carácter civil. Esa proporción merece examen.
