El alto el fuego entre Israel y Hezbolá atraviesa su prueba más seria desde que entró en vigor. Las Fuerzas de Defensa israelíes ejecutaron una serie de ataques contra objetivos en el sur del Líbano esta semana y los justificaron por el hallazgo de lo que describen como miles de instalaciones de uso militar del partido-milicia chií: cuarteles generales, puestos de avanzada, plataformas de lanzamiento, puestos de observación, infraestructuras subterráneas y numerosas armas.
El costo inmediato fue alto para el lado israelí. Un artefacto explosivo en la localidad de Majdal Zun dejó dos militares muertos —el mayor Harel Birenstock y el sargento mayor Tamir Vaknin— y otros cuatro heridos. El primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa Sara expresaron condolencias a las familias y calificaron a los caídos como «combatientes valientes que lucharon heroicamente para defender a los habitantes del norte y al Estado de Israel».
Del lado libanés, el Ministerio de Salud confirmó que un ataque aéreo contra la ciudad de Tebnine, en el distrito de Bint Jbeil, dejó un muerto y al menos doce heridos. Las autoridades libanesas informaron además que ocho personas resultaron heridas por ataques aéreos israelíes contra la ciudad de Burj al Shamali. El Ejército israelí también efectuó ataques en el distrito de Tiro y emitió una orden de evacuación forzosa para los residentes del municipio de Al Mansuri, donde según las autoridades locales permanecían unas 1.500 personas.
El argumento israelí es estructural: el Ejército sostiene que Hezbolá ha establecido «a lo largo de los años» actividades en zonas rurales del sur, «implantando infraestructuras terroristas en el corazón de la población civil» y explotando «cínicamente a los residentes libaneses». La lógica operativa es que desmantelar esa red es condición previa a cualquier estabilización duradera.
El momento es políticamente sensible. La séptima ronda de conversaciones entre las partes se desarrollaba precisamente en Roma cuando se produjeron los últimos ataques, lo que según los reportes ha dejado esas negociaciones «en entredicho».
Conviene mirar los incentivos. Para Israel, permitir que Hezbolá consolide infraestructura militar durante un alto el fuego equivale a financiar la próxima ronda del conflicto con tiempo y territorio. La experiencia de los últimos veinte años en el sur del Líbano —donde cada tregua fue aprovechada para rearmarse— pesa sobre cada decisión táctica de Tel Aviv. El dato importa más que el ruido diplomático: miles de instalaciones militares detectadas en zona de amortiguamiento no son un detalle menor, son el argumento que el Ejército israelí coloca sobre la mesa de Roma.
El problema es que la lógica militar y la lógica negociadora corren en direcciones opuestas. Cada ataque durante las conversaciones eleva el costo político de cualquier acuerdo para la parte libanesa y refuerza la narrativa de que Israel no respeta los términos pactados. El equilibrio entre desmantelar capacidades hostiles y preservar el marco diplomático es, en este momento, el verdadero campo de batalla. La historia sugiere cautela: los acuerdos que no resuelven el problema de la infraestructura militar de Hezbolá han tenido vida corta.
