El único avance diplomático registrado desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán está en riesgo de colapso. El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, anunció este sábado ante la agencia Fars que Teherán suspende todos sus compromisos derivados del memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio, en respuesta a lo que describió como una suspensión previa por parte de Washington.
La escalada de las últimas horas gira en torno a un intercambio de acusaciones sobre ataques a infraestructura civil. El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, denunció por carta al secretario general António Guterres que las fuerzas estadounidenses estarían alcanzando «puertos, redes de transporte, instalaciones de comunicaciones, centros logísticos, instalaciones de radar, sistemas de defensa costera y otras infraestructuras indispensables para la población civil». Según el mismo funcionario, los bombardeos desde la firma del memorándum suman 42 y constituirían, a su juicio, «una flagrante violación del artículo 2(4) de la Carta de Naciones Unidas».
El caso más reciente: las autoridades iraníes denunciaron este sábado que un ataque contra una planta desalinizadora en la provincia de Hormozgán destruyó completamente la estación de bombeo y el transformador eléctrico de la instalación de Bunji, con capacidad de 3.150 metros cúbicos diarios, dejando a más de 10.000 personas sin acceso a agua potable. El viernes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, había denunciado la muerte de ocho personas en un ataque nocturno, mientras el ministro Abbas Araqchi lamentó la muerte de otras tres en el puente de Bandar Jamir.
El Ministerio de Salud iraní cifra en aproximadamente 50 los muertos y más de 500 los heridos desde el 17 de junio, entre ellos cinco mujeres, dos menores fallecidos, 32 mujeres heridas y 18 menores heridos. De los hospitalizados, 37 permanecen internados y se han practicado 28 intervenciones quirúrgicas.
El Mando Central estadounidense (CENTCOM) rechazó categóricamente las acusaciones. Su portavoz, el capitán Tim Hawkins, declaró a ABC News: «Jamás tenemos a los civiles como objetivo», y contraacusó a Irán de atacar «constantemente a los marineros inocentes que transitan por el estrecho de Ormuz y a los civiles en los vecinos países del Golfo». La respuesta de CENTCOM tiene un respaldo regional: Kuwait denunció este mismo sábado que proyectiles iraníes impactaron una central eléctrica, una planta desalinizadora y una «instalación vital» de petróleo en su territorio, causando incendios e hiriendo a un bombero y un empleado.
El presidente Donald Trump advirtió esta semana en una entrevista con Fox News que, de no retomarse la negociación, «la semana que viene la cosa se pondrá muy fea para ellos», con la amenaza de inutilizar centrales eléctricas y destruir puentes. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, respondió que «atacar deliberadamente a civiles e infraestructuras civiles es un crimen de guerra», en referencia explícita a los comentarios del martes.
Conviene mirar los incentivos. La suspensión del memorándum por parte de Teherán elimina el único mecanismo de contención acordado, y los ataques cruzados sobre infraestructura —atribuidos a ambos lados por sus respectivos adversarios— reducen el margen para una desescalada negociada. El estrecho de Ormuz, arteria por la que transita una fracción sustancial del comercio energético global, permanece en el centro de la coyuntura. El dato importa más que el ruido: lo que estaba en juego con el memorándum no era solo un alto al fuego, sino la viabilidad de un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní. Su colapso no beneficia al orden internacional ni a los mercados que descuentan estabilidad en la región.
