El conflicto que comenzó a finales de febrero ha colocado a los seis países del Golfo Pérsico en una posición que ninguno eligió. Según un análisis publicado por Hussain Abdul-Hussain, investigador de la Foundation for the Defense of Democracies, los ataques iraníes contra infraestructura civil —aeropuertos, plantas eléctricas, instalaciones portuarias— y la incertidumbre sobre el tránsito de petróleo por el Estrecho de Ormuz han tenido un impacto económico devastador sobre estas naciones.
La geografía lo explica con precisión: Washington está a 7.000 millas del Estrecho de Ormuz; Dubai, a menos de 50. Lo que para Estados Unidos es una guerra de baja intensidad librada lejos de sus fronteras, para los países del Golfo es una amenaza existencial cotidiana.
Reacciones divergentes ante una amenaza común
La presión no ha producido una política unificada. Entre los más beligerantes, los Emiratos Árabes Unidos destacan como la voz más firme: tras los ataques iraníes sobre Abu Dabi con misiles, según la fuente, los Emiratos rompieron relaciones diplomáticas con Irán, deportaron a expatriados iraníes y congelaron cuentas bancarias. Bahréin —sede de la Quinta Flota estadounidense y del Mando Naval Central de EE.UU.— también se alineó con una postura de confrontación: según Abdul-Hussain, fuerzas iraníes atacaron instalaciones civiles y militares en el país, y Bahréin respondió atacando objetivos iraníes.
Irán arrastró a Kuwait al conflicto al atacar su principal aeropuerto internacional, junto con plantas desalinizadoras, estaciones eléctricas y plataformas petroleras en alta mar. Qatar y Omán, en cambio, han mantenido una postura de apaciguamiento hacia Teherán a pesar de que este ha atacado su territorio, según la misma fuente. Arabia Saudita adoptó una posición de no confrontación, aunque se sumó a ataques estadounidenses contra posiciones vinculadas a Irán en Irak tras agresiones contra fuerzas de EE.UU.
El dilema estratégico
El análisis plantea tres opciones para los Estados del Golfo: el apaciguamiento, que consolidaría a Irán como potencia dominante regional; la contención, que depende de un Estados Unidos reacio a compromisos indefinidos; o la confrontación directa, que exigiría un rearme significativo y, eventualmente, la adquisición de armas nucleares. Ninguna es cómoda.
La tesis central del análisis es que solo una mayor presión militar estadounidense —no una retirada— puede forzar concesiones de Teherán. Un repliegue de Washington, advierte Abdul-Hussain, enviaría una señal inequívoca al régimen iraní de que es la potencia dominante en la región, en detrimento de los aliados árabes del Golfo.
La inconsistencia como riesgo sistémico
Conviene mirar los incentivos. Para los países del Golfo, el escenario de «ni guerra ni paz» es el peor posible: sufren los costes del conflicto sin obtener ninguno de sus beneficios estratégicos. La recuperación de sus economías, fuertemente dependientes del comercio y del flujo energético a través de Ormuz, requiere lo que el análisis denomina «consistencia estadounidense», un bien que, reconoce el propio texto, escasea en este momento.
El dato importa más que el ruido. Casi seis meses de ataques sostenidos han resuelto una duda que muchos de estos gobiernos albergaban: el régimen de Teherán representa la amenaza más directa y letal para su seguridad, no una potencia con la que se puede negociar indefinidamente desde la neutralidad. La historia sugiere cautela ante cualquier apuesta por el apaciguamiento cuando el agresor interpreta la moderación como debilidad. Lo que está en juego no es solo la estabilidad regional, sino la arquitectura de seguridad que protege el flujo energético global y los contratos que sostienen economías abiertas a ambos lados del Atlántico.
