El Ministerio de Exteriores de Irán dirigió este jueves una crítica directa al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, por no identificar a Estados Unidos e Israel como, según Teherán, «los dos principales culpables» de la guerra en curso en Oriente Próximo.
El portavoz Esmaeil Baqaei formuló la reprimenda a través de sus redes sociales con una serie de preguntas retóricas: «¿Por qué no llama a las cosas por su nombre? ¿Por qué se niega a nombrar a los dos principales culpables: Estados Unidos e Israel? ¿Por qué rehúye condenar a quienes han concedido impunidad absoluta a los autores de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión?»
Baqaei construyó su argumento sobre una declaración del propio Guterres fechada el 23 de julio, en la que el diplomático portugués lamentó el «alarmante desprecio por el Derecho Internacional» y advirtió que «la impunidad se está extendiendo», fenómeno que, según sus palabras, «se manifiesta con toda claridad en Oriente Próximo, con consecuencias devastadoras tanto en la región como en todo el mundo». El portavoz iraní respondió con un escueto «tiene usted toda la razón», apropiándose del diagnóstico de Guterres para exigirle que extraiga sus consecuencias nominales.
La presión iraní culminó con una advertencia de alcance histórico: Baqaei urgió al secretario general a que «asuma su responsabilidad y ayude a evitar que Naciones Unidas y su sistema normativo corran la misma suerte que la Sociedad de Naciones», el organismo que colapsó tras fracasar en el intento de evitar la Segunda Guerra Mundial.
El episodio ilustra con precisión la táctica que Teherán ha desplegado en los foros multilaterales: convertir la retórica de los propios funcionarios internacionales en munición diplomática contra sus adversarios estratégicos. La maniobra no es nueva, pero su timing —en plena escalada regional— le otorga una carga política particular.
Conviene mirar los incentivos. Irán no busca fortalecer el orden normativo de Naciones Unidas; busca erosionar la posición de Washington y Tel Aviv ante la opinión pública global, utilizando al secretario general como árbitro involuntario. Que Guterres haya formulado críticas genéricas sobre la impunidad sin atribuirlas a actores concretos es, precisamente, lo que le otorga al régimen iraní espacio para la apropiación selectiva del argumento.
El dato importa más que el ruido. La presión sobre el secretario general no altera la correlación de fuerzas sobre el terreno ni modifica los equilibrios en el Consejo de Seguridad, donde el poder de veto sigue siendo la variable determinante. Lo que sí revela es el estado de la institución: un organismo cuya autoridad moral es lo suficientemente frágil como para que un régimen que financia milicias regionales pueda presentarse como defensor del derecho internacional sin que el argumento resulte inmediatamente descartado. La historia sugiere cautela ante quienes invocan normas que ellos mismos violan de forma sistemática.
