Las autoridades de Irán confirmaron este lunes la presentación de una queja ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por las restricciones impuestas por Estados Unidos contra las aerolíneas civiles iraníes. La denuncia se enmarca en las últimas sanciones de Washington contra el país, en el contexto del conflicto abierto en febrero en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra territorio de Irán.
Abuzar Shirudi, jefe de la Organización para la Aviación Civil de Irán, dijo a la agencia iraní de noticias IRNA que el organismo está usando, junto al Ministerio de Exteriores, «todos los medios legales para retirar los obstáculos y reiniciar las rutas que operaban previamente», incluida una queja formal ante la OACI por las acciones de Washington.
Shirudi agregó que Irán busca además explicaciones por canales diplomáticos de parte de países que suspendieron sus vuelos. Según el mismo funcionario, Teherán presentó también una queja ante La Haya por los ataques contra aeropuertos, aviones y radares en el marco de la ofensiva, lanzada por sorpresa en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.
Del lado estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó la semana pasada en una entrevista a CNBC que «absolutamente todas» las compañías iraníes dejarán de funcionar «en todo el mundo» a partir del miércoles 23 de septiembre. Esa medida respondió a un paquete de sanciones anunciado a principios de septiembre con el objetivo declarado de cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní.
Tras ello, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos suspendieron los vuelos operados por aerolíneas de Irán, y el aeropuerto de la ciudad iraquí de Nayaf tomó la misma decisión. En respuesta, Mohamad Mojber, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, advirtió de que «ningún país de la región» debe poder operar sus aeropuertos si Irán no puede hacerlo.
Conviene mirar los incentivos: cuando la disputa entre potencias se traslada al tráfico aéreo, el daño no queda limitado a las sanciones financieras. Se extiende a pasajeros, aerolíneas y aeropuertos, y convierte a la infraestructura civil en rehén de la confrontación.
Para Washington, el objetivo declarado es golpear la financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní. Para Teherán, la respuesta es jurídica y diplomática, pero también política: intenta mostrar que el precio de las restricciones no lo paga solo el Estado sancionado, sino toda la red regional que depende de rutas, permisos y conectividad.
La historia sugiere cautela. Cada escalada amplía el espacio de la coerción y estrecha el de la aviación comercial, que funciona mejor cuando las reglas son estables y las rutas no quedan sometidas a la lógica de la represalia. El dato importa más que el ruido: en esta disputa, la seguridad y la soberanía aérea se han vuelto otra pieza del orden internacional.
