La lógica militar de Irán en el Golfo Pérsico ha dado un giro inquietante: en lugar de concentrar sus ataques en bases militares, Teherán ha elegido como objetivo prioritario la infraestructura de supervivencia civil de Kuwait. Plantas desalinizadoras y centrales eléctricas han recibido el grueso de los impactos, según el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), que registra casi 1.400 ataques con misiles y drones contra ese país, cifra solo superada por Emiratos Árabes Unidos.
La vulnerabilidad kuwaití no es abstracta. Las ocho grandes plantas desalinizadoras que abastecen a su población se ubican directamente sobre la costa del Golfo Pérsico, a aproximadamente 160 kilómetros de territorio iraní, dentro del alcance inmediato de drones y misiles de crucero de baja altitud. Inutilizar dos o tres de las instalaciones más grandes —que producen entre el 70% y el 80% del suministro diario— bastaría para colapsar el sistema. Las reservas de emergencia del país alcanzan para apenas cinco días; con racionamiento, el margen se extiende a aproximadamente un mes.
Los ataques del lunes obligaron a poner fuera de servicio varias unidades generadoras como medida de precaución. El martes, el Ejército iraní afirmó haber lanzado ataques con drones contra tres bases militares estadounidenses en Kuwait, donde habitualmente se alojan unos 13.500 militares de ese país. Las autoridades kuwaitíes confirmaron que las reparaciones ya estaban en marcha.
El tiempo de recuperación varía de forma dramática según el daño: desde varios días para conexiones eléctricas hasta uno o dos años para turbinas de vapor de cogeneración, que deben construirse a medida. Los expertos advierten que la destrucción generalizada de estas plantas crearía una catástrofe humanitaria antes que fortalecer la resistencia nacional. La petición oficial de reducir el consumo de energía llega en los peores meses: temperaturas que se disparan hasta casi los 50 grados centígrados hacen del aire acondicionado una necesidad vital, no un lujo.
La paradoja geopolítica es notable. Kuwait mantenía antes del conflicto relaciones relativamente cordiales con Irán; cientos de peregrinos de su minoría chiita viajaban regularmente a la República Islámica. El país se había abstenido de adoptar posturas beligerantes como las de Bahrein o Emiratos Árabes Unidos, que según la fuente llegaron a lanzar ataques aéreos secretos contra Irán al inicio de la guerra. Esa moderación no le valió protección.
«Nos encontramos en una posición poco envidiable debido a las limitaciones geográficas», declaró al Financial Times Bader al-Saif, profesor adjunto de historia en la Universidad de Kuwait. «Somos uno de los Estados más pequeños, donde los objetivos están concentrados y rodeados entre sí».
La Guardia Revolucionaria iraní emitió además un comunicado dirigido a la población kuwaití, instándola a «aprovechar cualquier oportunidad para destruir las instituciones de los agresores estadounidenses», un llamado a la subversión interna que subraya la dimensión política del ataque.
Conviene mirar los incentivos. Irán no ataca Kuwait porque represente una amenaza militar significativa, sino precisamente porque no lo es: objetivos concentrados, geografía expuesta, reservas mínimas y una población civil que sirve de palanca de presión sobre Washington. La estrategia de saturación contra infraestructura civil —agua, electricidad— no busca la victoria en el campo de batalla sino el colapso del consenso social que sostiene la presencia estadounidense en la región. El dato importa más que el ruido: cuando un Estado convierte la sed en instrumento de coerción, el orden internacional que protege a las poblaciones civiles no está siendo tensado; está siendo deliberadamente demolido.
