El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió este sábado un comunicado en el que establece que el estrecho de Ormuz no volverá a abrirse hasta que se cumplan tres condiciones simultáneas: el cese de todas las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Iraq; el levantamiento de las sanciones a la economía iraní; y el pago de compensaciones por los daños de guerra.
«Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no se abrirá», declaró Mohammad Baqir Zolqadr, secretario y portavoz principal del Consejo, en el comunicado oficial. La misma posición fue respaldada por el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohabi, quien advirtió a Washington que se abstenga de interferir en las conversaciones que Teherán mantiene con Omán y con otros interlocutores regionales.
El Consejo está encabezado por el presidente Masud Pezeshkian y cuenta entre sus miembros con Mohamed Baqer Qalifab —presidente del Parlamento y principal negociador iraní— y el jefe de la Judicatura, Golamhosein Mohseni Ejei. La nota institucional invoca 160 días de movilizaciones populares como respaldo político interno a las exigencias: «Estas son las demandas del pueblo iraní, que se ha manifestado incansablemente en plazas y calles durante 160 días».
El comunicado también exige el levantamiento inmediato del cierre perimetral sobre Ormuz que, según Teherán, impuso Estados Unidos. En paralelo, el portavoz iraní de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, informó de un principio de acuerdo con Omán para gestionar de manera conjunta una nueva ruta marítima a través del estrecho.
Mohabi precisó que «cuando la parte estadounidense acepte las condiciones de la República Islámica de Irán y abandone su enfoque intervencionista, sin duda se darán las condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz», según la agencia Tasnim.
El dato importa más que el ruido. Las condiciones fijadas por Teherán no son una apertura negociadora: son un inventario de victorias estratégicas que ninguna administración estadounidense podría conceder sin coste político devastador. Exigir simultáneamente el fin de sanciones, el pago de indemnizaciones de guerra y la retirada de presencia militar en cuatro teatros distintos equivale a plantear la rendición como punto de partida de cualquier diálogo.
El canal omaní y la exploración de rutas alternativas sugieren que Irán calcula que puede administrar el cierre durante un período prolongado, trasladando el costo a los mercados energéticos globales y a las economías que dependen del flujo del Golfo. En ese esquema, el verdadero instrumento de presión no es la negociación diplomática, sino el precio del barril. Conviene mirar los incentivos: a Teherán le interesa mantener la ambigüedad sobre Ormuz mientras negocia con Omán una arquitectura paralela que le otorgue control sin responsabilidad formal. La historia sugiere cautela ante declaraciones maximalistas que a menudo preceden a concesiones selectivas; pero esta vez, el listado de condiciones es tan extenso que la reapertura, si llega, difícilmente será gratuita para nadie.
