El Ejército de Irán anunció en la madrugada del miércoles un nuevo ciclo de ataques con drones y misiles contra activos militares de Estados Unidos en Oriente Medio. Los objetivos declarados fueron la base aérea de Al Azraq, en Jordania —ya blanco de ataques iraníes el jueves anterior—, la base Sheij Isa, en Bahréin, y la base Ali al Salem, en Kuwait.
Según un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, en Al Azraq fueron atacados «los cazas F-18, el edificio de alojamiento y el gran almacén de equipos». En Bahréin, la Armada y la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria afirmaron haber destruido «varios depósitos de armas y repuestos para buques y aeronaves enemigas». En Kuwait, el blanco declarado fue «la rampa donde se desplegaban los drones MQ9 enemigos», con varios de ellos «destruidos o dañados», según la misma fuente.
El Ministerio del Interior de Bahréin activó sirenas de alarma y pidió a la población que buscara refugio. El Estado Mayor de Kuwait, por su parte, informó que sus defensas aéreas estaban «respondiendo a amenazas de drones hostiles» y que las explosiones registradas correspondían a interceptaciones. El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, coronel Saud Abdulaziz al Atwan, cifró en uno los misiles balísticos, cinco los de crucero y 33 los drones «interceptados y neutralizados» durante la tarde y noche del martes, aunque advirtió de «daños materiales» por escombros. Cuatro militares kuwaitíes resultaron heridos tras un ataque contra un buque de su Armada.
Teherán encuadra estos ataques en su operación denominada «Relámpago» y los presenta como respuesta a los bombardeos estadounidenses contra «capacidades» militares iraníes, que Washington, a su vez, justificó como represalia por un ataque de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial chipriota. La espiral de represalias cruzadas lleva semanas intensificándose.
La amenaza más disruptiva para la economía global llegó en el mismo comunicado: la Guardia Revolucionaria advirtió que «mientras persistan las atrocidades estadounidenses en la región, no se exportará ni una sola gota de petróleo ni de gas» y que «estas agresiones solo retrasarán la reapertura del estrecho de Ormuz», actualmente cerrado según Teherán y bloqueado para Irán según Washington.
Conviene mirar los incentivos. El estrecho de Ormuz es el cuello de botella por el que transita una fracción sustancial del petróleo mundial; su cierre prolongado no castiga solo a Estados Unidos, sino a cada economía dependiente de esa ruta, incluyendo aliados asiáticos y europeos. Irán lo sabe, y por eso la amenaza energética es el instrumento de presión más costoso que Teherán puede agitar.
El dato importa más que el ruido: la Administración Trump ha respondido con reimposición de bloqueo naval y bombardeos contra infraestructura militar iraní, una postura que contrasta con la contención que caracterizó ciclos anteriores de tensión en el Golfo. La escalada simétrica eleva el riesgo de un error de cálculo que ninguna de las partes —y menos aún los países anfitriones de esas bases— puede permitirse. Jordania, Bahréin y Kuwait son socios que acogen fuerzas estadounidenses bajo acuerdos de defensa; cada impacto en su territorio los convierte en parte involuntaria de un conflicto que sus gobiernos no iniciaron. La estabilidad del orden regional, y con ella la de los mercados energéticos, depende ahora de si Washington y Teherán encuentran un umbral de contención antes de que la lógica de represalia lo haga imposible.
