El presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este martes que las fuerzas iraníes atacarán infraestructura en Oriente Próximo si «no se garantiza la seguridad» del país y se afectan sus operaciones económicas, incluida la exportación de petróleo.
Qalibaf habló ante el Parlamento y ligó la advertencia a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel, en el marco del conflicto abierto entre las partes. También dijo que «cualquier agresión recibirá una respuesta dura, precisa y rápida».
El dirigente añadió que, si la cúpula de toma de decisiones del enemigo estadounidense no entiende esa «verdad fundamental», permanecerá «atrapada en el ciclo de recibir fuertes bofetadas de la nación iraní». En la misma intervención criticó las amenazas vertidas por Donald Trump durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
«Ante este tipo de audacia, nuestra respuesta es igual de clara que siempre: Vuelva, y volveremos», dijo Qalibaf, en referencia a una respuesta militar ante cualquier ataque. También afirmó que «los líderes de la Casa Blanca deben saber que la orgullosa nación iraní nunca se retirará ante las amenazas, la retórica o el bloqueo aéreo o comercial», según la agencia iraní de noticias Tasnim.
Las declaraciones desde Teherán llegaron después de que Trump rechazara la propuesta presentada por Irán para reactivar las conversaciones de paz. Esa oferta incluía la reapertura del estrecho de Ormuz en el plazo de siete días, una vez que Washington aceptara las condiciones planteadas por Teherán.
La señal es preocupante por una razón simple. Cuando un actor estatal condiciona la seguridad de la infraestructura a su propio margen de maniobra económica, el conflicto deja de ser diplomático y pasa a tener implicaciones directas para el comercio, la energía y la propiedad física en toda la región.
Conviene mirar los incentivos. Si la exportación de petróleo se convierte en palanca de presión y represalia, la incertidumbre se traslada a empresas, aseguradoras y consumidores. El aparato estatal puede hablar en clave de disuasión; el mercado, en cambio, traduce esas palabras en riesgo y costo.
La historia sugiere cautela. Una región donde «ninguna infraestructura estará a salvo», como dijo Qalibaf, es una región con menos inversión, más interrupciones y más dependencia de decisiones políticas tomadas lejos de quienes pagan la factura. El orden internacional no mejora cuando la amenaza a los bienes civiles se convierte en instrumento de negociación.
