El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, advirtió esta semana que «la lista de crímenes de Estados Unidos contra los iraníes no deja de crecer» y anunció la «determinación» de Teherán de «buscar justicia» y «procesar y castigar a los autores y responsables» de los ataques.
Las declaraciones se producen tras varios días consecutivos de intercambios militares entre Washington y la República Islámica en Oriente Próximo. Según Baqaei, un ataque del Ejército estadounidense el martes contra un puesto de seguridad en la localidad de Seyed Jozar, en el condado de Hayi Abad, al norte de Hormozgán, dejó al menos tres muertos. El portavoz iraní calificó ese episodio como «el último ejemplo de los atroces crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en los últimos cuatro meses y medio» y mencionó, entre otros antecedentes, un ataque previo contra un colegio en Minab en el que, según su relato, murieron más de un centenar de alumnas.
El ciclo de hostilidades coincide con el anuncio estadounidense de imponer un bloqueo a los puertos iraníes en la zona del estratégico estrecho de Ormuz, cuya entrada en vigor se fijó para las 22.00 horas del martes. El estrecho concentra una porción significativa del tráfico global de hidrocarburos, lo que convierte cualquier restricción en ese corredor en un evento de consecuencias económicas inmediatas para los mercados energéticos internacionales.
Las amenazas de Teherán de «procesar» a funcionarios o militares estadounidenses no tienen precedente operativo claro: Irán carece de jurisdicción sobre ciudadanos de Estados Unidos y ningún tribunal internacional con competencia sobre el asunto ha sido convocado. La retórica, sin embargo, cumple una función interna —consolidar la narrativa de resistencia ante la presión— y una función diplomática: señalar a terceros países que Teherán no acepta la asimetría militar como hecho consumado.
El dato importa más que el ruido. Lo que está en juego no es si Irán puede efectivamente llevar a juicio a mandos del Pentágono, sino si el bloqueo del estrecho de Ormuz se sostiene, se amplía o provoca una respuesta iraní que interrumpa el flujo de crudo. Esa variable —no la retórica jurídica de Baqaei— es la que los mercados y las cancillerías están midiendo hora a hora.
Conviene mirar los incentivos. La administración Trump ha apostado por la presión máxima: sanciones, bloqueo naval y operaciones militares directas. Teherán, por su parte, combina la escalada verbal con la amenaza implícita sobre Ormuz, su principal palanca de negociación. En ese tablero, la retórica de «crímenes de guerra» es un instrumento político, no jurídico. Lo que determinará el siguiente movimiento es la disposición —o la falta de ella— de ambas partes a abrir un canal de negociación antes de que la escalada supere el umbral que ninguno de los dos actores parece haber trazado con precisión.
