La posesión de Abelardo de La Espriella, prevista para el 7 de agosto en Cali, llegó acompañada de una controversia diplomática menor pero reveladora: once países europeos —entre ellos Ucrania, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y Armenia— no figuraron en la lista inicial de invitados a la ceremonia.
El episodio salió a la luz tras filtrarse un documento fechado el 3 de agosto y elaborado por la Dirección de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese memorando señalaba que varios jefes de misión no residentes habían solicitado una respuesta oficial sobre su participación sin haber recibido comunicación alguna. La advertencia era directa: la ausencia de una invitación o de una respuesta podría ser interpretada por esos Estados como un trato desigual y afectar las relaciones diplomáticas bilaterales. Entre los efectos mencionados figuraba la posibilidad de que esa percepción incidiera en futuras decisiones sobre la política de visados Schengen para ciudadanos colombianos.
El gobierno electo, a través de los movimientos Salvación Nacional y Defensores de la Patria, respondió con un comunicado que descarta motivaciones políticas o ideológicas. Según esa versión, el criterio inicial fue invitar exclusivamente a embajadores acreditados formalmente ante el Estado colombiano. El problema, explican, es que durante el proceso de empalme se identificó que 29 embajadores concurrentes aún no habían presentado sus cartas credenciales «debido a una acumulación inusual de trámites pendientes por parte de la administración saliente». Para evitar excepciones que pudieran interpretarse como preferencias, se optó por aplicar un tratamiento uniforme.
Una vez recibida la información consolidada el 4 de agosto, la Dirección General del Protocolo remitió notas verbales de invitación a Armenia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Ucrania, Georgia, Serbia, San Marino, Malta y Chipre. El gobierno electo sostuvo que se han «aplicado criterios institucionales para garantizar un tratamiento respetuoso y equitativo a las misiones extranjeras, de acuerdo con las normas y prácticas que rigen las relaciones diplomáticas».
El contexto operativo también es de escala: más de 11.000 uniformados estarán desplegados en Cali para la ceremonia, lo que ilustra la magnitud del operativo de seguridad que el nuevo gobierno ha dispuesto desde el primer día.
Conviene mirar los incentivos. El incidente, por pequeño que parezca, pone de relieve dos cosas distintas. La primera es la herencia administrativa que deja el gobierno de Gustavo Petro: una Cancillería con 29 acreditaciones concurrentes sin procesar es, en el mejor de los casos, una señal de desorden burocrático en la recta final de un mandato. La segunda es la velocidad con que el equipo entrante gestionó la corrección —invitaciones cursadas el 4 de agosto, tres días antes de la posesión— lo que sugiere una disposición a resolver fricciones diplomáticas sin convertirlas en banderas ideológicas. Que el nuevo gobierno haya elegido la explicación institucional sobre la confrontación dice algo sobre el tono que De La Espriella quiere proyectar hacia Europa, una región cuyas decisiones sobre visados tienen consecuencias muy concretas para millones de colombianos. El dato importa más que el ruido.
