Alias Pirry, señalado como uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial El Mesa, fue capturado en España en una operación coordinada entre la Policía de ese país y organismos colombianos. El procedimiento se ejecutó en cumplimiento de una circular roja de Interpol, el mecanismo de cooperación policial internacional que permite localizar y detener provisionalmente a personas requeridas por la justicia.
La Gobernación de Antioquia ofrecía hasta 250 millones de pesos por información que permitiera ubicarlo. El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó la captura en la red social X: «Antioqueños: cayó alias Pirry, uno de los cabecillas de El Mesa y uno de los criminales más buscados de Antioquia». Según el mandatario, el capturado sería el presunto determinador de la masacre de siete personas ocurrida en Rionegro en 2024, además de estar vinculado a delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes. Las acusaciones deberán definirse en los procesos judiciales correspondientes.
El caso que le atribuyen las autoridades es la masacre registrada la noche del 25 de junio de 2024 en una finca rural del sector Alto del Perro, en Llanogrande, Rionegro. Un comando armado asesinó a siete hombres; seis murieron en el lugar y un séptimo falleció después a causa de las heridas. Entre las víctimas había tres trabajadores de la construcción oriundos de Campo de la Cruz, Atlántico —Jesús Gabriel García Sarmiento, de 39 años; Luis Guillermo Canoles, de 32; y Marlon Luis Jhon Zárate, de 33—, que habían viajado a Antioquia para mejorar los ingresos de sus hogares. Según los testimonios recogidos tras el ataque, sus familias desconocían los motivos de la incursión armada.
Las pesquisas indican que el objetivo real de los atacantes eran presuntos emisarios de alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo, con quienes El Mesa sostenía una disputa por el control de rentas ilegales y territorio en el oriente antioqueño. En ese expediente ya figuraba la captura de Camila Rendón de León, alias Camila, señalada por la Fiscalía como integrante de la estructura y presunta responsable de la logística: la adquisición de armas y medios de transporte, y de vigilar la eventual llegada de las autoridades mientras ocurría el ataque, según el ente investigador.
El gobernador Rendón sostuvo que alias Pirry habría liderado la expansión de El Mesa —originado en el municipio de Bello— hacia el oriente del departamento, y volvió a insistir en que el Gobierno nacional debería recategorizar a la organización como grupo armado organizado (GAO), lo que habilitaría el uso de todo el poder de fuego de las Fuerzas Militares, incluidos bombardeos.
El dato que conviene no perder de vista es que El Mesa formó parte de la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá, la mesa de negociación que el gobierno de Gustavo Petro adelantó con esa y otras estructuras delincuenciales del territorio. Según Semana, el proceso avanzó «sin avances considerables». La captura de uno de sus cabecillas se logró, en cambio, por la vía tradicional de cooperación judicial y policial: circular roja de Interpol, trabajo conjunto con España y una recompensa ofrecida por una autoridad departamental, no por una mesa de diálogo con el victimario.
El contraste importa. Mientras la llamada «paz total» buscaba interlocutores dentro de estructuras que, según las autoridades, seguían disputándose rentas ilegales y ordenando masacres, fue el aparato clásico de justicia e inteligencia el que produjo un resultado verificable. Para los tres trabajadores de Atlántico que fueron a Antioquia a buscar un salario en la construcción, la distinción entre negociar con el crimen organizado y perseguirlo no fue abstracta: les costó la vida. La demanda del gobernador Rendón de recategorizar a estas bandas como GAO —y no como interlocutores de paz— apunta, con razón, a que el orden público y la protección de quienes solo quieren trabajar no se construyen desde una mesa con quienes controlan el territorio a sangre.
