Una iniciativa ciudadana denominada «Ley de Asistencia Médica para Morir de la Ciudad de México» busca llevar al Congreso local la discusión sobre la legalización de la eutanasia y la muerte asistida. La propuesta es impulsada por la asociación civil Libertad para Morir AC, integrada por especialistas en bioética, médicos, abogados y activistas.
Asunción Álvarez del Río, doctora en Ciencias en el campo de la Bioética por la UNAM e integrante del Comité Promotor de la organización, explica que el objetivo no es promover la muerte, sino «añadir una opción más al final de la vida para que las personas puedan decidir cómo quieren enfrentar sus últimos días». Álvarez del Río es también maestra en Psicología.
La iniciativa plantea dos alternativas que hoy están prohibidas tanto en el Código Penal Federal como en la Ley General de Salud. Su promotora distingue esta propuesta de la llamada Ley Trasciende, impulsada por la activista Samara Martínez, que comparte el objetivo de ampliar derechos al final de la vida pero apunta a legislar la eutanasia a nivel federal, no local.
Criterios y procedimiento
El proyecto establece criterios médicos y legales para acceder a la asistencia médica para morir. Un elemento distintivo es que la propuesta no exige que el paciente se encuentre en fase terminal, a diferencia de algunas legislaciones internacionales. Álvarez del Río cita la experiencia de países como Canadá y Colombia para argumentar que condicionar el derecho únicamente a quienes tienen una expectativa de vida muy corta deja sin opciones a quienes enfrentan dolores intratables sin estar en fase terminal.
El procedimiento, según la iniciativa, solo puede iniciarse por decisión del propio paciente. La solicitud debe ser voluntaria y nunca puede ser sugerida por el personal médico. «El pedido siempre surge del paciente, de la persona enferma. Nunca se puede sugerir», subraya la bioeticista. Una vez presentada la petición, el médico tratante realizaría una primera evaluación para comprobar que la persona cumple los requisitos previstos y que recibió información suficiente sobre su diagnóstico, pronóstico, opciones terapéuticas y cuidados paliativos disponibles.
La propuesta no pretende sustituir herramientas existentes como el consentimiento informado o la Ley de Voluntad Anticipada, que ya permiten rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida, sino ampliar las alternativas disponibles en la capital.
Lo que está en juego
El debate que abre esta iniciativa toca uno de los núcleos más sensibles de la relación entre el individuo y el Estado: hasta dónde llega la autonomía personal sobre el propio cuerpo y la propia vida. Desde una perspectiva de gobierno limitado, el argumento de la libertad individual tiene peso genuino; nadie debería ser obligado a prolongar un sufrimiento que considera insoportable por mandato burocrático.
Conviene mirar los incentivos, sin embargo. Las legislaciones que han expandido estos criterios más allá de la terminalidad —como ocurrió en Canadá y Colombia, citados en la propuesta— han enfrentado presiones para ampliar progresivamente el acceso, con consecuencias que el debate mexicano todavía no ha procesado con seriedad. El dato importa más que el ruido: el diseño de salvaguardas, la protección de la objeción de conciencia médica y la claridad sobre quién financia y administra el procedimiento dentro del sistema de salud público serán las preguntas que el Congreso capitalino no podrá eludir si la iniciativa avanza.
