En la noche del Domingo de Pascua de 1955, Ruth Ellis disparó seis veces contra su amante, David Blakely, frente al pub Magdala en el barrio londinense de Hampstead. Cuatro balas alcanzaron a Blakely; una quinta hirió en el pulgar a un transeúnte. Un agente de policía que se encontraba cerca le quitó el revólver de la mano segundos después. Ellis no opuso resistencia.
Juzgada el 20 de junio de ese año en el Old Bailey, el jurado tardó catorce minutos en declararla culpable. La sentencia era la única posible entonces: la muerte. El 13 de julio fue ahorcada en la prisión de Holloway, mientras una multitud rezaba o guardaba silencio en el exterior.
Setenta años después, el viceprimer ministro David Lammy anunció esta semana ante la Cámara de los Comunes que «Su Majestad el Rey ha aceptado nuestro consejo de conceder un indulto condicional a Ruth Ellis, la última mujer en ser ahorcada en Reino Unido». Lammy precisó que el indulto «no alega su inocencia en el asesinato de David Blakely», pero «sí sustituye la pena de muerte por una sentencia de cadena perpetua para reconocer una profunda injusticia en este caso excepcional». El rey tiene la facultad de conceder indultos; en la práctica, solo la ejerce cuando el gobierno lo solicita.
La nieta de Ellis, Laura Enston, recibió la noticia con alivio. «Sus hijos, nuestra madre y nuestro tío, nunca se recuperaron. Mi tío se quitó la vida. El trauma de mi madre la dejó incapaz de ser la madre que necesitábamos», declaró Enston tras confirmarse el indulto. Lammy expresó la esperanza de que la decisión «traiga algo de paz a la familia de Ruth Ellis, que ha cargado con el peso de lo que le sucedió durante más de 70 años».
El caso nunca fue sencillo. La relación entre Ellis y Blakely estuvo marcada por celos, violencia y dependencia emocional. Cuando se conocieron, ella era gerente de un club nocturno de origen humilde; él, piloto de automovilismo de familia acomodada. La relación duró alrededor de un año. Más tarde se supo que Desmond Cussen —un amante que se había convertido en amigo de Ellis— fue quien le entregó el revólver.
Tras el tiroteo, Ellis confesó de inmediato y firmó una declaración. Al preguntarle su abogado, John Bickford, qué planeaba hacer, ella respondió: «Voy a declararme culpable. No tengo nada más por lo que vivir, y solo quiero irme a estar con David». Bickford la convenció de intentar preservar su vida, si no por ella, por sus hijos. La única vía legal disponible era demostrar un defecto de razón por enfermedad mental conforme a las reglas de M'Naghten, umbral que resultó imposible de alcanzar.
Dos días después del tiroteo, Ellis escribió desde prisión a la madre de Blakely: «Moriré amando a su hijo». La carta, que pedía perdón por el dolor causado y reconocía los momentos felices compartidos, sintetizó una paradoja que el sistema judicial de entonces no supo procesar: una mujer que mató, confesó, no huyó y aceptó su destino, pero cuya historia personal —marcada por abusos desde la infancia, relaciones violentas y una vulnerabilidad sistemáticamente ignorada— nunca fue considerada circunstancia atenuante.
Su ejecución influyó en la abolición de la pena de muerte en el Reino Unido y ha sido reexaminada repetidamente a lo largo de las décadas.
El indulto condicional póstumo es, ante todo, un gesto institucional. No revierte el veredicto ni altera los hechos probados; reconoce, en cambio, que la respuesta del Estado fue desproporcionada. Conviene mirar los incentivos que operaron entonces: un sistema penal que no contemplaba el historial de violencia doméstica como factor relevante y que aplicó la pena máxima con una celeridad que hoy resultaría inadmisible. El dato importa más que el ruido: el jurado deliberó catorce minutos. Que la reparación llegue siete décadas tarde no la invalida, pero sí revela cuánto cuesta a las instituciones reconocer sus propios errores.
