Un manifestante murió y 322 personas fueron detenidas en Yakarta durante protestas contra el Gobierno del expresidente y exgeneral Prabowo Subianto, según informó este viernes la Policía de Indonesia.
El fallecido fue hallado inconsciente durante una concentración la víspera y murió en el hospital, indicó la División Médica y Sanitaria del cuerpo policial. Los agentes intervinieron tras el fin de las manifestaciones del jueves para detener «vandalismo» y «destrucción» atribuidos a «alborotadores», según el portavoz de la Policía de Yakarta, Budi Hermanto.
Las protestas continuaron el viernes con la participación de organizaciones civiles, entre ellas el Movimiento por las Demandas Populares (GERAM), que presenta diez exigencias al Gobierno. La principal apunta al corazón del gasto público de Prabowo: la eliminación de un programa de comidas escolares gratuitas que ha provocado intoxicaciones en más de 40.700 niños, repartidas en alrededor de trescientos brotes, el último el pasado 14 de agosto, según cifras oficiales que organizaciones independientes consideran subestimadas.
La iniciativa está dotada con 28.000 millones de dólares y ha sido polémica desde su lanzamiento por estar financiada, según se ha denunciado, en detrimento de otros programas públicos. El programa alimenta hoy a unos 30 millones de estudiantes de entre 6 y 18 años, con la meta declarada de alcanzar a 80 millones.
GERAM exige además que se declare «tragedia nacional» el terremoto de magnitud 7,7 que a mediados de agosto golpeó la isla de Flores y dejó alrededor de un centenar de muertos.
Las protestas se producen en medio de dudas sobre la salud política y financiera del país. Indonesia, con abundancia de recursos naturales y una vasta población, se perfilaba como candidata a convertirse en la cuarta economía mundial para 2050. Ese pronóstico pierde fuerza, señalan sus críticos, por unas políticas de Prabowo que califican de intervencionistas y autoritarias.
Las manifestaciones coinciden además con el primer aniversario de las violentas protestas contra un aumento salarial de los diputados indonesios, que el año pasado se cobraron la vida de siete personas.
El patrón que dibujan estos episodios es elocuente. Un gasto estatal de magnitud considerable, diseñado sin los controles de calidad ni la rendición de cuentas que exige el manejo del dinero público, termina no solo fallando en su objetivo social sino generando el daño que pretendía evitar: niños intoxicados en lugar de alimentados.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un programa se financia desplazando otras partidas públicas y se ejecuta bajo presión política para mostrar escala —30 millones de beneficiarios hoy, 80 millones como meta—, la tentación de sacrificar controles de inocuidad alimentaria por velocidad de despliegue crece. El resultado es la factura que ahora pagan las familias indonesias y, en las calles de Yakarta, el propio Gobierno.
La historia sugiere cautela con los programas de bienestar de gran escala financiados sin disciplina fiscal ni supervisión técnica independiente. El dato importa más que el ruido de la protesta: una economía que aspiraba a ser la cuarta del mundo en 2050 ve ahora cómo el intervencionismo estatal, más que el mercado, se convierte en el principal riesgo para esa trayectoria.
